TC: Dina Boluarte no será investigada en su mandato

El Tribunal Constitucional resolvió declarar fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La sentencia establece que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no podrá ser investigada durante el ejercicio de su mandato.

Esta decisión implica la suspensión inmediata de todas las diligencias fiscales iniciadas contra la actual jefa de Estado. Las investigaciones deberán ser retomadas únicamente cuando culmine su gestión presidencial, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución y según la interpretación del máximo intérprete de la Carta Magna.

La resolución fue emitida como parte del proceso constitucional promovido por el Ejecutivo, el cual cuestionaba la competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial para investigar a una presidenta en funciones por hechos ocurridos durante su mandato.

¿Qué ordena la sentencia del TC?

El fallo ordena que las investigaciones fiscales actualmente en trámite contra Dina Boluarte queden suspendidas hasta la conclusión de su mandato. Esta disposición entra en vigencia desde el momento en que se notifique oficialmente al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Además, el Tribunal Constitucional establece que cualquier proceso futuro deberá respetar los parámetros de competencia institucional fijados por esta sentencia. Esto significa que ni jueces ni fiscales podrán iniciar investigaciones mientras la persona en funciones ejerza la presidencia, salvo los supuestos expresamente permitidos por la Constitución.

¿Qué implica esta decisión para el Ministerio Público y el Poder Judicial?

El Ministerio Público y el Poder Judicial quedan obligados a acatar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. A partir de la notificación, las investigaciones suspendidas no podrán continuar mientras Boluarte esté en funciones, y las nuevas pesquisas que se planteen deberán ajustarse a los criterios institucionales definidos por esta sentencia.

Esta resolución fortalece la interpretación de que el cargo de presidente de la República goza de una protección constitucional especial que impide ser sometido a procesos penales mientras esté en funciones, con la excepción de los casos tipificados en el artículo 117 de la Constitución.

¿Qué precedentes sienta el fallo del TC?

La sentencia del TC sienta un precedente relevante sobre los límites de la actuación fiscal y judicial en relación con altos funcionarios. Con esta decisión, se refuerza el principio de que el juicio político y la responsabilidad penal del presidente deben seguir canales constitucionales específicos, evitando así posibles interferencias en el ejercicio del cargo presidencial.

El desarrollo de futuras investigaciones, una vez concluido el mandato de Dina Boluarte, deberá retomar las diligencias desde el punto en que fueron suspendidas, sin invalidar lo ya actuado, pero garantizando que no se vulnere la prerrogativa presidencial durante el periodo de funciones.

¿Qué opinan los constitucionalistas sobre esta resolución?

La decisión del Tribunal Constitucional ha generado posturas divididas entre expertos en derecho constitucional. Marianella Ledesma, expresidenta del TC, rechazó el fallo al considerar que favorece la impunidad y debilita la lucha contra la corrupción, pues limita la recolección de pruebas clave.

En contraste, Natale Amprimo, abogado constitucionalista, respaldó la resolución, señalando que sí permite obtener información, aunque restringe diligencias que puedan afectar la investidura presidencial.

Por su parte, Ernesto Álvarez, también expresidente del TC, sostuvo que la medida representa un equilibrio entre garantizar la obtención de indicios y proteger la figura presidencial. Tanto Amprimo como Álvarez coincidieron en rechazar reformas al artículo 117 o restricciones a la vacancia presidencial, al advertir que podrían derivar en un uso político del sistema judicial.