Advierten riesgos por reserva de denuncias policiales por 5 años

La decisión de la Policía Nacional del Perú de clasificar como “información reservada” todos los datos contenidos en sus sistemas de denuncias policiales hasta el año 2030 ha generado fuertes críticas. El abogado penalista Vladimir Padilla advirtió en entrevista con Canal N sobre los riesgos que implica esta medida, señalando que podría facilitar la destrucción o manipulación de información relevante para la ciudadanía.

La resolución fue publicada el 25 de agosto y establece una reserva de cinco años sobre toda denuncia contenida en el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) y el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal.

Aunque la PNP ha alegado razones de seguridad y confidencialidad, diversos especialistas han cuestionado su constitucionalidad, oportunidad y alcance.

¿Qué dijo Vladimir Padilla sobre la reserva de las denuncias?

El abogado penalista fue claro en su rechazo a la decisión de la PNP, destacando que podría obstaculizar gravemente la transparencia institucional.

“Preocupa que la falta de transparencia pueda lograr la desaparición o la pérdida o la destrucción de información que está registrada”, afirmó en Canal N.

A su juicio, mantener en reserva esta base de datos impide contrastar o verificar la existencia de denuncias pasadas.

Padilla remarcó que sin acceso público, se debilitan los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre figuras públicas. “Como contrastas tú que existió la información [...] si te dicen ‘yo no te lo puedo entregar’, ¿dónde puedo tener algo que contraste?”, cuestionó.

¿Cuál es el impacto de esta medida en el control de autoridades?

Según Padilla, esta reserva perjudica el monitoreo de antecedentes de autoridades, candidatos o funcionarios, dificultando el escrutinio ciudadano y la labor fiscalizadora.

“Este es un instrumento muy útil más para la prensa que para los filtros internos de los partidos”, señaló.

En esa línea, recordó que hay casos de ministros investigados por no declarar denuncias previas, y que esta base de datos permitía detectar tales omisiones.

“Ocultar declarar denuncias que han tenido [...] se evidencia que al haber falseado formación u ocultado cometen un delito”, indicó.

¿Tiene fundamentos constitucionales la medida?

Padilla fue enfático al señalar que la clasificación como información reservada no tiene sustento constitucional en el caso de figuras públicas. “En mi modo de ver, no”, respondió al ser consultado sobre la constitucionalidad de la resolución.

Agregó que esta información debería ser accesible mediante mecanismos legales como el hábeas data: “Yo considero que a través de por ejemplo un habeas data debería de otorgársenos a través de un juez constitucional esa información”.

El abogado cuestionó además la extensión del plazo fijado por la PNP: “Si es importante reservar esta información hasta el 30, ¿por qué no hasta el 3084?”, ironizó.

¿Qué se busca al restringir el acceso a denuncias?

Padilla deslizó que podría existir un intento deliberado por proteger antecedentes de personas involucradas en política o función pública. “Lo que quiere hacer es justamente cubrir el antecedente que pueda tener para que no levante el pasado que tiene”, sostuvo.

Planteó incluso que la decisión podría obedecer a intereses políticos, especialmente en contextos electorales: “Ponen un parche, un tul negro sobre eso. Debería ser sumamente transparente que todos conozcamos quién se va a lanzar y sepamos sus antecedentes, ¿no? Obvio”, dijo.

¿Qué mecanismos legales existen para revertir esta decisión?

El penalista sugirió que la vía más idónea es el recurso de hábeas data, que permitiría a ciudadanos o periodistas solicitar el acceso a la información vía judicial.

“Eso es importante ojo, tener esa información ahí y evitar que se destruya”, enfatizó. “Claramente sí me interesa uno u otro candidato, saber, pues yo quisiera saberlo”, añadió.

Para Padilla, el carácter reservado debilita la posibilidad de auditoría social: “Si tú dices que está reservada [...] como contrastas tú que existió la información”.

¿Es una torpeza o una decisión deliberada?

Finalmente, Padilla rechazó la idea de que se trate de un simple error administrativo. “Mira, acá no hay casualidades. Una torpeza es de todas maneras porque una vez que salta las noticias atraen la atención sobre aquello que quería pasar desapercibido”, expresó.

El abogado comparó la clasificación con una “amnistía documental”, al señalar: “Es una especie de amnistía documental [...] porque les ha gustado escribir con amnesia”. Para él, la reserva no borra el pasado: “No queda olvidado con un simple ‘reservado’”.

El abogado penalista Vladimir Padilla cuestionó en Canal N la decisión de la Policía Nacional del Perú de declarar como reservada la base de datos de denuncias policiales hasta 2030. Señaló que esta medida puede facilitar la destrucción de información clave, afecta el control ciudadano sobre autoridades y carece de sustento constitucional. Propuso el uso del hábeas data como mecanismo legal para acceder a dicha información. También advirtió que esta reserva podría impedir conocer antecedentes relevantes de funcionarios o candidatos, especialmente en contextos electorales donde la transparencia es indispensable para garantizar la fiscalización pública.