Ampuero indica que presidente de JNJ ya habría cumplido pena

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero se pronunció sobre la situación del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, quien afronta cuestionamientos por haber sido condenado por violencia psicológica en 2011. En declaraciones a Canal N, Ampuero señaló que mientras el magistrado haya cumplido la sentencia impuesta, no existe una barrera legal que invalide su designación en el cargo.

Durante una entrevista en el programa Cuentas Claras, la abogada explicó que Ríos habría accedido ya al beneficio de la rehabilitación judicial, lo que, desde el punto de vista normativo, borra sus antecedentes penales y judiciales. “Toda persona que ha cumplido con la pena impuesta tiene derecho a la rehabilitación. Es decir, la sentencia pierde vigencia para efectos legales y administrativos”, sostuvo.

En ese sentido, la exprocuradora subrayó que si bien la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia impide la postulación de personas con sentencias vigentes por violencia familiar, esta restricción no aplica si el castigo fue cumplido en su totalidad y la persona fue rehabilitada por el Poder Judicial.

La sentencia contra Ríos y el silencio del comité evaluador

El caso de Gino Ríos, revelado por un reportaje del dominical Cuarto Poder, generó una ola de críticas debido a que su sentencia por violencia psicológica —emitida en 2011— no fue abordada durante el proceso de evaluación para su designación como miembro de la JNJ.

Ampuero admitió que la omisión del comité especial —integrado, entre otros, por el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y el entonces presidente del Poder Judicial Javier Arévalo— resulta cuestionable desde el punto de vista ético. Sin embargo, aclaró que desde el enfoque jurídico, el antecedente habría perdido efecto al momento de la entrevista personal.

Recordó la mención que hizo Arévalo

“La rehabilitación judicial implica la eliminación de los registros penales, judiciales y policiales. Si Ríos cumplió con la pena y pagó la reparación civil, ya no pesa sobre él impedimento legal alguno”, puntualizó.

También recordó que fue el propio Arévalo quien, durante la evaluación, mencionó la existencia de la sentencia. “Eso demuestra que el tema no estuvo oculto, pero probablemente consideraron que al tratarse de un antecedente ya extinguido, no debía influir en la evaluación de idoneidad”, añadió.

“Debe discutirse la idoneidad, no solo la legalidad”

A pesar del marco legal que ampara la designación de Ríos, Katherine Ampuero planteó que existe una dimensión ética que no debe soslayarse. A su juicio, los estándares de integridad exigidos para un cargo de alto nivel en el sistema de justicia deben ser más estrictos.

“No se trata solo de si hay un impedimento legal o no. Hablamos de la cabeza de una institución que nombra y destituye a jueces y fiscales. Por eso, los cuestionamientos sobre la idoneidad de sus miembros deben ser tomados en cuenta”, explicó.

Recomienda mayor rigor en sistema de justicia

La abogada también consideró que el precedente de aplicar normas estrictas para cesar a otros magistrados —como ocurrió con un miembro de la JNJ por antecedentes penales— podría generar un doble estándar si no se evalúa con el mismo rigor el caso de su presidente.

Ampuero respalda decisión de no suspender a Delia Espinoza

En la misma entrevista, Katherine Ampuero fue consultada sobre la decisión de la JNJ de abrir investigación a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sin aplicar una suspensión preventiva en su contra. Para la exprocuradora, esta postura es coherente con el respeto al debido proceso y con la necesidad de evitar contradicciones con decisiones anteriores.

“Suspender a Espinoza de manera inmediata habría sido incongruente con las nulidades que la JNJ ha emitido en casos como el de Patricia Benavides. Allí se argumentó que se vulneraron derechos fundamentales al proceder con celeridad sin garantías procesales”, señaló.

Según detalló, el proceso contra Espinoza se abrió en respuesta a una denuncia ciudadana, y no por decisión de oficio. “Eso marca la diferencia con lo que hizo la fiscal cuando decidió investigar a Benavides. En este caso, la Junta actúa dentro de sus atribuciones y respeta los plazos”, apuntó.

Investigación sin suspensión: un precedente con garantías

Ampuero precisó que, según la propia JNJ, los elementos en contra de Espinoza aún son preliminares, lo que no justificaría una medida cautelar tan severa. “Investigar no implica sancionar. Pero toda acción debe estar sujeta al respeto del debido proceso, y eso es lo que ahora se está haciendo correctamente”, añadió.

Asimismo, consideró saludable que se inicie una indagación formal en lugar de dejar pasar hechos que podrían constituir infracciones. “En este país nadie debe tener corona. Si hay indicios, se investiga, pero con garantías”, insistió.

Aclaró también que en esta etapa no se busca determinar responsabilidad penal, sino una posible sanción disciplinaria en el ámbito de competencias de la JNJ.

Cuestionamientos a la nueva directiva de Palacio

Finalmente, la exprocuradora Ampuero criticó con dureza la aprobación exprés de una nueva directiva en Palacio de Gobierno que permite a la presidenta Dina Boluarte y a altos funcionarios recibir regalos, donaciones y cortesías sin límite de valor. A su juicio, se trata de una norma hecha “a la medida” para blindar políticamente a la mandataria.

“La rapidez con la que se aprobó la norma, en menos de 24 horas, es absolutamente sospechosa. Pasó por todas las oficinas en tiempo récord. Eso evidencia una voluntad de imponerla sin mayor discusión”, sostuvo.

Advierte retroceso en normas éticas

También alertó que esta directiva podría ser utilizada para justificar los obsequios cuestionados a Boluarte, como relojes y joyas, que actualmente son parte de investigaciones fiscales. “Se busca retroceder en normas éticas. Pero las directivas no están por encima del Código Penal ni del Código de Ética”, advirtió.

Riesgo de impunidad por normas con nombre propio

Ampuero calificó la norma como una estrategia para lograr impunidad y evitar que hechos como los investigados actualmente en contra de Boluarte tengan consecuencias jurídicas. “Es como si ahora quisieran decir que aceptar Rolex ‘prestados’ ya no es delito. Pero eso no tiene validez retroactiva y puede incluso agravar su situación”, sostuvo.

Para la abogada, lo aprobado vulnera los principios del servicio público y daña la imagen institucional del gobierno. “Esto debilita el sistema de integridad. Además, habilita beneficios sin rendición de cuentas, algo gravísimo en una democracia”, concluyó.

Katherine Ampuero defendió la legalidad del nombramiento de Gino Ríos en la JNJ tras cumplir su condena por violencia familiar. Respaldó la decisión de no suspender a Delia Espinoza por parte de la JNJ y cuestionó duramente la directiva del Ejecutivo que permite a la presidenta Dina Boluarte recibir regalos y beneficios sin límites.