Aníbal Quiroga: Fiscalía actúa en represalia contra la JNJ
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga cuestionó la reciente intervención del Ministerio Público en la sede de la Defensoría del Pueblo, acción que consideró una represalia política contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En el programa N Portada de Canal N, señaló que la diligencia fiscal se da en medio de un contexto político sensible, pues la JNJ mantiene investigaciones abiertas contra la fiscal de la Nación.
El martes 22 de julio, representantes del Ministerio Público acudieron a la Defensoría para solicitar información relacionada con la designación de Gino Ríos como miembro de la JNJ. Esta acción ocurre tras un reportaje de “Cuarto Poder”, que reveló que el Primer Juzgado Transitorio de Familia de La Molina y Cieneguilla emitió en mayo de 2011 una sentencia por maltrato psicológico en agravio de la excónyuge de Ríos. Según el informe, Ríos no apeló el fallo y lo aceptó.
Intervención fiscal sería una represalia institucional
Para Quiroga, esta diligencia no corresponde al ámbito de la Fiscalía. “Quienes no tienen sindéresis están destruyendo el Estado desde dentro. Esta intervención es una represalia porque la Junta investiga a la fiscal y el Ministerio Público responde usando su poder”, afirmó.
También alertó sobre el uso constante de la figura de organización criminal como herramienta contra opositores o críticos. “Hoy cualquiera que opina es acusado de banda criminal. Ese patrón autoritario siempre termina mal”, expresó.
Debate gira en torno a la idoneidad moral, no penal
En relación al caso de Gino Ríos, Quiroga explicó que la sentencia de 2011 no constituye delito, ya que la ley que tipifica el delito de violencia familiar recién fue incorporada al Código Penal en 2015. Por lo tanto, no existe impedimento legal para su designación en la JNJ.
No obstante, reconoció que puede haber un debate sobre su idoneidad moral, exigida por la normativa que regula la composición de dicho organismo. “Probablemente yo no lo habría aprobado, pero eso no lo invalida legalmente. Es un debate de criterio, no jurídico”, puntualizó.
Uso del término “archivada” fue incorrecto
Sobre las declaraciones del defensor del Pueblo, quien indicó que la sentencia contra Ríos fue “archivada”, Quiroga señaló que esa expresión es jurídicamente equívoca. Aclaró que una sentencia no se archiva, sino que se ejecuta, y que confundir ese término con una investigación archivada genera ambigüedad.
Finalmente, advirtió que el ejercicio abusivo del poder estatal debilita la institucionalidad democrática. “La historia demuestra que quienes actúan sin contención desde el poder terminan mal”, concluyó.