APP plantea registrar víctimas de extorsión y congelar deudas
La bancada de APP presentó un proyecto de ley que propone crear un registro oficial de víctimas de extorsión y establecer beneficios económicos para microempresarios afectados por delitos violentos.
La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó el Proyecto de Ley Nº 10289/2024-CR, orientado a crear un registro oficial de micro y pequeños empresarios víctimas de extorsión, secuestro o sicariato. La propuesta contempla beneficios económicos, como el congelamiento de deudas bancarias y tributarias, para quienes se inscriban formalmente tras verificar su condición con autoridades competentes. La iniciativa se encuentra actualmente en las comisiones de Economía y de Defensa Nacional del Congreso.
El documento fue promovido por la congresista Edhit Julón y cuenta con la firma de varios legisladores del grupo parlamentario. Sin embargo, ha generado críticas internas y externas al Congreso por la naturaleza de sus alcances y la percepción de que podría regularizar o legitimar actos delictivos.
Presentación del proyecto y alcance institucional
El proyecto plantea que el “Registro de Micro y Pequeños Empresarios Víctimas de Sicariato, Secuestro o Extorsión” sea administrado por el Ministerio del Interior (Mininter). Las personas naturales o jurídicas podrán inscribirse previa denuncia policial y validación del estado del caso por parte del Ministerio Público o el Poder Judicial.
Las MYPE registradas accederán a beneficios como líneas de crédito con tasas preferenciales, congelamiento de deudas bancarias por 180 días y prórrogas tributarias administradas por la SUNAT.
Reacciones críticas en el Congreso y retiro de respaldo
El congresista Juan Carlos Lizarzaburu, de la misma bancada proponente, anunció el retiro de su firma del proyecto. Señaló que no recuerda haberla otorgado y expresó su desacuerdo con la propuesta por considerar que puede interpretarse como una forma de validación de la extorsión.
Declaró que no corresponde crear un registro de personas extorsionadas sin un sustento operativo claro.
Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, calificó la propuesta como alejada de una solución real al problema de la inseguridad. Por su parte, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, señaló que es una distorsión, y propuso en cambio reforzar los sistemas de inteligencia y las acciones de seguridad.
Mecanismos propuestos para implementar los beneficios
El proyecto establece que el Ministerio del Interior verificará los casos y garantizará la confidencialidad del registro. Para evitar fraudes, se aplicarán sanciones a quienes presenten documentación falsa. El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley y otros 60 para implementar los protocolos operativos.
La SUNAT deberá suspender fiscalizaciones, cobranzas coactivas y aplicar fraccionamientos. Las entidades bancarias aplicarán un congelamiento sin intereses para créditos de consumo, MYPE y vehiculares, en casos donde no se hayan realizado pagos en los últimos tres meses.
Datos sobre criminalidad e impacto en las MYPE
Según la exposición de motivos, en 2024 se reportaron 19,432 casos de extorsión y 1,125 de sicariato. El 90% de los homicidios fue con armas de fuego, y el 31% involucró motos lineales. El 54% ocurrió en la vía pública. El documento también menciona que pequeños negocios en Lima pierden S/ 500 millones diarios por robos y extorsiones.
Se detalla que el 99.5% de las empresas en Perú son MYPE y que solo el 28.6% accede al crédito formal. El 52% de los emprendedores no tiene productos financieros, y apenas el 1.5% de sus trabajadores está afiliado al seguro social.
Implementación, financiamiento y fiscalización de la propuesta
Las medidas no requerirán recursos adicionales del Tesoro Público. El MEF y FONAFE financiarán a través de COFIDE y el Banco de la Nación. El Poder Ejecutivo será responsable de establecer la coordinación interinstitucional, y de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley, incluyendo sanciones entre 5 y 10 UIT por uso indebido de los beneficios.
El proyecto cita precedentes normativos aplicados durante la pandemia, como MYPERÚ Impulso y reprogramación de deudas, para justificar la viabilidad técnica de su implementación bajo emergencia.
Marco constitucional y alineación con políticas públicas
El texto se sustenta en los artículos 1° y 2° de la Constitución, que garantizan el respeto a la persona y la seguridad. Además, se alinea con las políticas del Acuerdo Nacional, como la erradicación de la violencia, la reducción de la pobreza, el acceso a justicia y la gestión pública orientada a resultados.
Los autores del proyecto también presentan un análisis de costo-beneficio, señalando impactos positivos directos para las víctimas y beneficios indirectos para el Estado en su lucha contra el crimen organizado.
Composición multipartidaria del proyecto y situación legislativa
Además de Julón, figuran como coautores del proyecto varios congresistas, entre ellos Roberto Chiabra, María Grimaneza Ruíz, Magaly García y Alejandro Soto. El proyecto fue presentado el 20 de febrero y al día siguiente derivado a las comisiones correspondientes para su evaluación.
La iniciativa legislativa permanece en revisión mientras persisten posturas divididas sobre su aplicabilidad práctica y su potencial efecto disuasivo o facilitador respecto al crimen organizado.
APP presentó el Proyecto de Ley Nº 10289/2024-CR para crear un registro de víctimas de extorsión, sicariato o secuestro y otorgar beneficios económicos a MYPE afectadas. La propuesta incluye congelamiento de deudas, acceso a crédito preferencial y medidas tributarias. El registro estaría a cargo del Ministerio del Interior, con verificación policial y judicial. El financiamiento provendría de recursos ordinarios y se exige reglamentación en 90 días. El proyecto ha recibido cuestionamientos de congresistas de diversas bancadas, incluida la de APP. Actualmente se encuentra en evaluación en las comisiones de Defensa Nacional y Economía del Congreso de la República.