Aprueban ley de amnistía para militares y policías procesados
Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen en segunda votación. La norma excluye a condenados por terrorismo y, previamente, generó rechazo de la CIDH y la CNDDHH.
Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 7549. La norma otorga amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que enfrentan procesos judiciales por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
Las bancadas que respaldaron la medida fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Honor y Democracia.
La aprobación en esta etapa concluye el trámite legislativo del proyecto, que había sido aprobado en primera votación el pasado 12 de junio con 61 votos a favor en el pleno.
¿A quiénes beneficia la ley?
El dictamen, sustentado por el congresista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, plantea dos escenarios específicos para la aplicación de la amnistía.
En primer lugar, se incluye a quienes hayan sido denunciados o procesados por actos vinculados al combate contra el terrorismo, pero que no cuenten con una sentencia firme.
En segundo lugar, se contempla a adultos mayores de 70 años que, aun con sentencia en firme o en ejecución, puedan acogerse al beneficio por la naturaleza de los hechos atribuidos.
Rospigliosi defendió la iniciativa afirmando que no busca impunidad, sino reconocimiento. “Muchos de los beneficiarios han envejecido enfrentando interminables procesos judiciales.
Otros ya no están con nosotros, y sus familias cargan con el dolor y la incertidumbre”, señaló durante el debate.
Defensa de la propuesta desde el Congreso
El autor de la propuesta, Jorge Montoya (Honor y Democracia), afirmó que más de 1200 familias se han visto afectadas durante décadas por investigaciones que considera injustas.
“Esto es una forma de justicia que cierra heridas pendientes”, declaró en la sesión. Montoya insistió en que la norma no borra los hechos ni las responsabilidades, pero reconoce el rol de quienes participaron en la defensa del Estado frente al terrorismo.
El respaldo político al proyecto fue enfatizado por legisladores que destacaron la necesidad de proteger a quienes enfrentaron una época crítica en la historia del país.
También hicieron hincapié en que la norma excluye a quienes hayan cometido delitos comunes no vinculados a operaciones antiterroristas.
Oposición advierte riesgos de impunidad
Desde el otro extremo del debate, congresistas como Ruth Luque, Jaime Quito y María Agüero expresaron su rechazo frontal a la medida.
Señalaron que el proyecto podría ser interpretado como una forma de impunidad frente a violaciones graves a los derechos humanos.
“No podemos legislar desconociendo el dolor de las víctimas ni el marco jurídico internacional que nos rige”, sostuvo Luque.
Antes de concluir la sesión, el congresista Quito presentó una reconsideración a la votación, que fue rechazada por la mayoría. Con esto, la iniciativa quedó aprobada en definitiva.
Rechazo internacional y advertencias de organismos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento exhortando al Congreso peruano a no aprobar la ley.
Recordó que los países miembros del Sistema Interamericano tienen la obligación de no conceder amnistías a personas involucradas en violaciones graves como tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertó que esta norma afectaría directamente 156 sentencias ya emitidas y más de 600 procesos judiciales en curso, muchos de ellos relacionados con casos emblemáticos ocurridos durante las décadas del conflicto armado interno.
¿Qué sigue tras la aprobación?
Al haber sido aprobada en ambas votaciones y al no haberse admitido la reconsideración, la ley queda lista para ser promulgada. Corresponderá al Ejecutivo decidir si observa o refrenda la norma.
En caso de promulgarse, su aplicación requerirá de un reglamento específico que determine los procedimientos para solicitar y verificar el cumplimiento de los criterios establecidos.
El debate sobre esta amnistía legislativa continúa generando intensas reacciones tanto dentro como fuera del país, y su impacto se extenderá sobre procesos judiciales que aún permanecen abiertos o que podrían verse afectados por esta nueva legislación.