Delia Espinoza: Bancadas divididas por posible inhabilitación de fiscal suprema por 10 años
El Pleno del Congreso debatirá este 3 de diciembre la posible inhabilitación por diez años de la fiscal suprema Delia Espinoza, acusada de infracción a la Constitución. La medida fue aprobada en dos instancias previas: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente del Parlamento.
La denuncia que dio origen a esta iniciativa se sustenta en una resolución del Ministerio Público de octubre de 2024, firmada por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien entonces ocupaba el cargo de fiscal de la Nación interino.
Las bancadas de Fuerza Popular y Acción Popular respaldan la inhabilitación, aunque reconocen ciertos vacíos en la formulación de la acusación. Renovación Popular ha mostrado disposición a reevaluar su postura antes del debate en el Pleno.
Por el contrario, las bancadas de izquierda anunciaron que no apoyarán la medida, al considerar que hay motivaciones políticas detrás de la acusación.
Resolución cuestionada por supuesta contradicción legal
El Congreso sostiene que dicha resolución vulnera una ley aprobada por el Legislativo que refuerza el rol de la Policía Nacional en la investigación de delitos. Según este argumento, el reglamento del Ministerio Público restaría funciones a la Policía, contrariando la norma vigente.
Aunque la firma que aparece en el documento es la de Villena, varios congresistas argumentan que Espinosa era considerada, en ese momento, como la fiscal de la Nación de facto, lo que justificaría su responsabilidad en el acto administrativo.
Comisión solo aprobó medida contra Espinosa
La propuesta inicial planteaba sanciones para otros fiscales supremos, incluidos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Sin embargo, el dictamen aprobado se restringe únicamente al caso de Delia Espinosa. Este hecho ha sido objeto de crítica por parte de bancadas que consideran la decisión como selectiva.
Algunos legisladores manifestaron que si la resolución fue considerada irregular, la responsabilidad debería ser compartida entre todos los firmantes y no recaer solo sobre una funcionaria.
Señalan que Espinosa ha sido activa en la formulación de denuncias constitucionales contra congresistas y que su inhabilitación impediría su eventual ascenso como fiscal de la Nación. La decisión final se definirá este domingo 3 de diciembre en el Pleno del Congreso.