Canciller niega que Perú ceda soberanía en el mar

El canciller Elmer Schialer afirmó enfáticamente que la soberanía del Perú sobre las 200 millas marítimas está plenamente garantizada.

En declaraciones públicas, negó que el Gobierno esté promoviendo la cesión de parte del dominio marítimo nacional, y aclaró que la Constitución establece ese límite de manera expresa.

Schialer explicó que el Perú firmó la Convención del Mar de las Naciones Unidas (Convemar) en 1982, pero que el Congreso nunca ratificó el tratado, por lo cual el país no forma parte formal del convenio.

Esta decisión, tomada hace décadas, ha impedido que el Ejecutivo deposite el instrumento de ratificación ante la comunidad internacional.

Tratado sobre alta mar no afecta soberanía territorial

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el nuevo tratado al que se hace referencia en medios —conocido como BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction)— se refiere a la protección de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional, es decir, en aguas internacionales.

Este acuerdo busca regular el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos y la riqueza del lecho marino fuera de las 200 millas de cada país.

“Este tratado no tiene nada que ver con la soberanía del Perú. No se toca ni un centímetro del dominio marítimo peruano”, aseguró Schialer. Agregó que la presidenta Dina Boluarte participará en la firma y en la ratificación del acuerdo..

Posible cooperación con El Salvador en materia penitenciaria

Durante su intervención, el canciller también se refirió a un tema interno: el hacinamiento en las cárceles del país. Ante esta situación, reveló que se está explorando la posibilidad de un convenio bilateral con El Salvador u otros países que pudieran colaborar en esta materia.

El canciller Elmer Schialer reconoció que se trata de un problema urgente que no se resuelve con acciones aisladas ni inmediatas.

Señaló que, en caso se concrete algún acuerdo de cooperación, será bajo una relación seria y racional entre Estados, dejando en claro que no se trata de una cesión de responsabilidades sino de una medida de política penitenciaria.