Carlos Caro: La racionalización de la prisión preventiva debe debatirse en el Congreso
Abogado penalista señaló que la propuesta incluida en el plan de gobierno de Roberto Sánchez responde a una necesidad advertida por el Tribunal Constitucional debido al hacinamiento penitenciario
El abogado penalista Carlos Caro afirmó que la propuesta de “racionalizar la prisión preventiva”, incorporada en el plan de gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez, no implica la liberación indiscriminada de delincuentes, sino una mejor utilización de los recursos del sistema de justicia para los casos más graves.
En entrevista con Canal N, Caro explicó que el problema del hacinamiento carcelario en el Perú fue declarado por el Tribunal Constitucional como un estado de cosas inconstitucional en 2020, debido a la grave sobrepoblación penitenciaria existente.
Según detalló, el sistema penitenciario peruano alberga aproximadamente 104 mil internos, pese a que la infraestructura está diseñada para recibir cerca de 42 mil personas. “Hay más o menos 104 mil presos en el Perú. Las cárceles están hechas para albergar aproximadamente a 42 mil personas. Hay un 147% de sobrepoblación penal”, indicó.
Asimismo, precisó que alrededor del 37% de los internos se encuentra en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia firme.
Caro recordó que el Tribunal Constitucional otorgó inicialmente cinco años al Estado para solucionar el problema penitenciario y, ante la falta de avances suficientes, amplió dicho plazo por otros cinco años.
En ese contexto, sostuvo que la racionalización de la prisión preventiva forma parte de las recomendaciones formuladas tanto por el Tribunal Constitucional como por organismos internacionales.
“Racionalizar es algo que se quiere. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana. El problema es cómo se implementa”, señaló.
Pese a ello, consideró que el debate sobre la reforma del sistema penitenciario es una necesidad pendiente desde hace décadas y que deberá ser abordada por el próximo gobierno y el Congreso de la República.
"Eso no depende tampoco del Poder Ejecutivo. Eso depende finalmente del Congreso. Porque es el Congreso el que tiene que dar las leyes, no tanto para cambiar la prisión preventiva, porque las reglas están. Lo que tiene que hacerse es aplicación, ejecución de la ley", sostuvo.
Delitos graves deben seguir con prisión preventiva
El especialista aclaró que una reforma en esta materia no debería beneficiar a autores de delitos violentos o de alta peligrosidad. Según explicó, la racionalización debería concentrar la prisión preventiva en delitos como extorsión, sicariato, secuestro, terrorismo, homicidio y violación sexual.
“Los casos de delitos graves deben implicar prisión preventiva y condena efectiva. Eso es lo que significa racionalizar: usar los recursos escasos del sistema para los delitos graves”, afirmó.
En contraste, sostuvo que delitos menos graves podrían recibir medidas alternativas a la prisión mientras se desarrolla el proceso judicial.
Cuestiona modificación del plan de gobierno
Caro también observó que la propuesta aparece en una versión modificada del plan de gobierno de Roberto Sánchez presentada durante la campaña electoral.
A su juicio, las reglas electorales establecen que los planes de gobierno registrados deben mantenerse sin modificaciones posteriores, por lo que calificó el cambio como una especie de “hoja de ruta” presentada en la recta final del proceso electoral.