Cinthia Loayza cuestiona norma que autoriza pistolas eléctricas a serenos
La alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, expresó serias críticas al nuevo reglamento del Ministerio del Interior que autoriza el uso de pistolas eléctricas y cámaras corporales por parte de los serenos municipales.
En diálogo con canal N, sostuvo que el Decreto Supremo 015-2025-IN representa un exceso reglamentario, vulnera la autonomía municipal y fue aprobado sin una evaluación técnica adecuada.
La norma entró en vigencia el 12 de noviembre y busca fortalecer la seguridad ciudadana dotando de mayores herramientas no letales al personal de serenazgo.
No obstante, Loayza advirtió que este decreto crea vacíos, contradicciones normativas y riesgo de inconstitucionalidad, ya que asigna funciones que no están previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
La alcaldesa explicó que el reglamento interfiere con competencias exclusivas de los gobiernos locales. "Se tendría que modificar la Ley Orgánica de Municipalidades si se quiere otorgar nuevas funciones al serenazgo. De lo contrario, se está violando el marco legal", precisó.
Loayza también cuestionó que la norma derogue parcialmente el anterior Decreto Supremo 009-2024-IN, generando duplicidad normativa y confusión en la aplicación de las funciones de seguridad ciudadana.
Loayza critica falta de presupuesto y análisis regulatorio
Un punto clave de la crítica fue la ausencia de un respaldo presupuestal. La alcaldesa subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido un dispositivo que autorice o asigne recursos específicos a las municipalidades para cumplir con la adquisición de pistolas eléctricas, cámaras corporales u otros implementos mencionados en el reglamento.
Además, señaló que la norma fue excluida de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), lo cual a su juicio refleja una falta de rigor técnico. "Tenemos programaciones multianuales definidas. No se puede exigir de un día para otro nuevas obligaciones sin asignar presupuesto ni evaluar los efectos", dijo.
Llamado a revisión del decreto por parte del Ejecutivo
Loayza reconoció que la intención del reglamento es válida ante el aumento de la criminalidad, pero pidió al Ejecutivo revisar el contenido del decreto y evitar imponer normas que generen conflictos de aplicación.
Afirmó que las decisiones en seguridad deben ser respaldadas por diagnósticos sólidos y no solo medidas urgentes. Por último, reiteró que el decreto crea "solapamientos" y vacíos que afectan el accionar de los gobiernos locales, por lo que consideró indispensable un análisis técnico más profundo antes de continuar con su implementación.