Colectivo PAS rechaza ampliar Reinfo y alerta sobre crimen organizado
Según el colectivo, mantener el Reinfo más allá del plazo previsto debilita la autoridad del Estado y representa un retroceso en la fiscalización ambiental y laboral
El colectivo Paz País Seguro, conformado por diversos gremios empresariales y cámaras de comercio regionales, emitió un pronunciamiento en rechazo a la propuesta del Congreso para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el año 2029.
En el documento, advierten que esta medida permitiría un nuevo ciclo de impunidad para la minería ilegal y contribuiría al fortalecimiento del crimen organizado en el país.
La iniciativa, impulsada desde la Comisión de Energía y Minas, se debatirá este viernes en medio de una fuerte controversia política y social por sus posibles impactos.
Según el colectivo, mantener el Reinfo más allá del plazo previsto debilita la autoridad del Estado y representa un retroceso en la fiscalización ambiental y laboral.
Reinfo no logra formalización y alimenta economías ilícitas, según gremios
El comunicado señala que el Reinfo, creado como herramienta de transición hacia la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, ha fallado en su objetivo.
En lugar de avanzar hacia una economía formal y regulada, ha permitido —según el texto— el crecimiento de actividades ilegales con efectos graves sobre el ecosistema, el orden social y la institucionalidad.
El colectivo enfatiza que el actual Reinfo tiene una vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 2025, y que cualquier intento por extender ese plazo sin reformas estructurales generaría un nuevo período de descontrol.
"Facilita la labor de economías ilícitas", señala el documento, al tiempo que asocia la minería ilegal con delitos como la trata de personas, tráfico de explosivos, lavado de activos y sicariato.
Proponen crear una nueva ley con control real y sanciones efectivas
Frente a la posible ampliación del Reinfo, el colectivo propone como alternativa la elaboración de una Ley MAPA (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que incluya criterios claros de formalización, estándares ambientales y sociales, sanciones por incumplimiento y mecanismos de supervisión permanentes.
Dicha norma —según el pronunciamiento— debe priorizar la protección de la salud y la vida, establecer la trazabilidad de la producción minera, garantizar el respeto a la propiedad privada y asegurar el cumplimiento legal mediante fiscalización constante.
El comunicado está firmado por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Cámara Americana del Perú (AmCham), Amautas Mineros y Capitalismo Consciente. También respaldan el documento las cámaras de comercio de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, entre otras.