Congreso delegó al Ejecutivo la facultad de legislar en seguridad ciudadana
Con 81 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto que delega en el Gobierno la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana. Asimismo, se exoneró de segunda votación
El Pleno del Congreso otorgó este miércoles las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres por el Fenómeno del Niño, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.
Con 81 votos a favor, el Pleno aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 5632.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), advirtió que el Legislativo no otorgará facultades en materias que tienen procedimientos legislativos vigentes, y tampoco delegará facultades para temas constitucionales, presupuestales, ni leyes orgánicas.
SON 33 LAS NORMAS REFERIDAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Como se recuerda, el pasado 29 de agosto el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, se presentó ante la Comisión de Constitución y sustentó la solicitud del Ejecutivo para legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos, por el plazo de 120 días.
El Poder Ejecutivo presentó el pasado 28 de julio el PL 5642/2023-PE, que incluye 50 normas, de las cuales 33 están enfocadas en seguridad ciudadana.
Por otro lado, seis están dirigidas a la gestión de riesgo, mientras que otros 10 decretos legislativos tratan sobre el desarrollo de la infraestructura y una sobre meritocracia.
MEDIDAS PLANTEADAS POR EL EJECUTIVO
Entre las medidas planteadas por el Ejecutivo, se busca establecer un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.
Uno de los puntos más resaltantes es el enfoque en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales. Además, se contempla la posibilidad de celebrar convenios administrativos con recursos de organismos internacionales para fortalecer la seguridad ciudadana.