Enzo Elguera: Juntos por el Perú deberá rendir cuentas por colecta para financiar nulidades

El experto en temas electorales Enzo Elguera señaló que la suspensión de la colecta impulsada por Juntos por el Perú para financiar pedidos de nulidad de mesas de sufragio no exime al partido político de rendir cuentas sobre el dinero recaudado durante la campaña.

En diálogo con Canal N, explicó que la recolección de fondos no constituye una actividad ilegal, siempre que se cumplan las obligaciones establecidas por la normativa electoral, entre ellas la identificación de los aportantes, el origen de los recursos y el destino final de los fondos obtenidos.

“El partido político está obligado a rendir cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que es la entidad encargada de supervisar, fiscalizar y auditar los aportes que reciben las organizaciones políticas”, sostuvo. 

El especialista precisó que la ONPE, y no el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es la institución responsable de verificar la transparencia de los ingresos y gastos de campaña, incluso después de culminado el proceso electoral. 

Origen de los fondos

Elguera remarcó que uno de los aspectos más importantes será determinar la procedencia de los aportes realizados a través de plataformas como Yape o transferencias bancarias. 

“Se tiene que identificar el origen de los fondos para evitar situaciones como el pitufeo o el ingreso de recursos de procedencia ilícita mediante múltiples depósitos pequeños”, explicó.

Asimismo, recordó que Juntos por el Perú ya afrontó observaciones relacionadas con aportes de campaña durante el proceso electoral de 2021, por lo que consideró indispensable que la organización mantenga un registro detallado de cada contribución recibida. 

Cuenta personal genera cuestionamientos

Respecto a las versiones que señalan que los aportes fueron dirigidos a una cuenta de una persona natural y no a una cuenta institucional del partido, Elguera sostuvo que ello podría generar observaciones.

Indicó que lo ideal era que la colecta se realizara mediante una cuenta oficial de la organización política. “No se excluye la obligación de rendir cuentas. Si públicamente se pidió que los aportes fueran dirigidos a esa cuenta y la persona actuaba en calidad de tesorero, el dinero igualmente forma parte de los recursos del partido”, afirmó.

Sobre los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú, el especialista explicó que gran parte de los recursos fueron declarados improcedentes debido a que no se acreditó oportunamente el pago de las tasas electorales exigidas por ley.

En ese sentido, sostuvo que dichas observaciones ya no pueden ser corregidas. “La norma electoral es clara. El pago de la tasa debía acreditarse dentro del plazo correspondiente. Al tratarse de un proceso célere, ese requisito es insubsanable”, señaló.

Elguera indicó que, aunque el partido decidiera efectuar los pagos de manera posterior, ello no modificaría la situación jurídica de los expedientes. “Se puede presentar el voucher fuera de plazo, pero eso no hará viable la apelación. Lo único que correspondería sería solicitar posteriormente la devolución del dinero”, añadió.

Posible devolución a aportantes

Consultado sobre la posibilidad de que los ciudadanos que colaboraron con la colecta soliciten la devolución de sus aportes, explicó que ello dependerá del destino final que se dé a los recursos.

Si el objetivo original de financiar apelaciones ya no puede concretarse, los aportantes podrían exigir explicaciones al partido e incluso solicitar el reembolso de su dinero. “Las personas tienen derecho a conocer qué ocurrió con los fondos recaudados y para qué serán utilizados finalmente”, indicó.

Finalmente, Elguera recordó que los partidos políticos cuentan con plazos posteriores a la elección para presentar toda su información financiera ante la ONPE. Advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas.

“Los partidos tienen que organizar y presentar toda su contabilidad. Si no lo hacen, la normativa contempla multas y sanciones. Incluso si se pierde documentación, existe la obligación de reconstruir la información”, puntualizó.