Estado de emergencia: prohibido dos en motos y apagón en penales
El estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao entrará en vigencia desde la medianoche del 21 de octubre de 2025. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, emitido por el Poder Ejecutivo, y tendrá una duración de treinta días calendario.
El decreto justifica la declaración debido al incremento sostenido de delitos graves como homicidios, sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas.
Durante el periodo de excepción, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, bajo un régimen que restringe derechos constitucionales clave.
Prohibición de dos personas en motocicleta
Una de las medidas más destacadas es la prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de categoría L3, como las motocicletas lineales.
Esta restricción busca limitar la movilidad de personas sospechosas y se aplicará de manera inmediata en todas las zonas incluidas en la emergencia.
Esta disposición se suma a otras intervenciones operativas de control vehicular y patrullajes constantes en puntos críticos de Lima y Callao.
Apagón eléctrico y visitas restringidas en penales
El decreto dispone el corte de energía eléctrica en celdas penitenciarias, permitiendo únicamente la iluminación esencial.
También se restringen las visitas: los internos del régimen cerrado ordinario podrán recibir una visita semanal, mientras que en el régimen cerrado especial será una cada quince días.
Solo se permiten visitas de familiares cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Estas medidas apuntan a impedir la coordinación delictiva desde los centros de reclusión.
Decomisos y pruebas de confianza
Durante la emergencia se ejecutarán operativos permanentes para el decomiso de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos ilegales.
Además, el Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de polígrafo al personal del INPE y otros funcionarios, como parte de medidas internas de control.
Estas acciones están orientadas a reforzar la supervisión del entorno penitenciario y de las instituciones de seguridad.
Restricciones a derechos constitucionales
Durante la vigencia del Estado de Emergencia se restringen derechos fundamentales como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito.
La medida también contempla que toda actividad masiva requerirá autorización previa, mientras que las no masivas podrán realizarse sin permiso adicional.
El Ejecutivo fundamentó esta decisión en los artículos 44 y 137 de la Constitución Política del Perú, que facultan al presidente a decretar este régimen en caso de alteraciones graves del orden interno.
Control territorial y operativos combinados
Las denominadas fuerzas combinadas, integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los servicios de Serenazgo Municipal, ejecutarán acciones de control territorial focalizado.
Esto incluye patrullajes a pie y vigilancia en estaciones del metro, terminales y zonas identificadas como vulnerables.
El dispositivo también considera operativos de identidad para capturar requisitoriados, verificar vehículos y controlar a extranjeros bajo procedimientos especiales.
Comités operativos y coordinación estratégica
La implementación del decreto se sustenta en una arquitectura organizativa conformada por cuatro comités especializados.
El Comité de Coordinación Operativa Unificada será el ente central de planificación y estará liderado por el Comandante General de la PNP. También participan representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos regionales de Lima y Callao.
A este comité se suman el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica, presididos por DINI, MTC y PCM respectivamente.
Medidas contra mercados ilegales
El Comité de Fiscalización desarrollará operativos contra delitos vinculados a trata de personas, narcotráfico y comercio ilegal de celulares y autopartes.
Se aplicarán mecanismos para suspender líneas telefónicas asociadas a extorsión o secuestro, y se intervendrán establecimientos sospechosos con apoyo policial.
Estas acciones buscan limitar fuentes de financiamiento de organizaciones criminales que operan en zonas urbanas.
Seguridad a operadores de justicia y flagrancia
El decreto prevé el fortalecimiento de unidades de flagrancia para mejorar la respuesta judicial ante casos de criminalidad.
Asimismo, la Policía Nacional brindará medidas de seguridad a fiscales y jueces involucrados en procesos de alto riesgo.
Este componente busca asegurar el funcionamiento continuo del sistema de justicia en zonas bajo intervención.
Sesión permanente de órganos multisectoriales
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), los comités regionales y distritales de seguridad, así como el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), han sido declarados en sesión permanente para monitorear la ejecución del estado de emergencia.
Los resultados serán evaluados al término del periodo, y se presentará un informe final al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial.
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en Lima y Callao por 30 días a través del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM. La medida restringe derechos constitucionales, prohíbe el tránsito de dos personas en motos lineales y ordena cortes eléctricos en penales. Se crean comités de coordinación para ejecutar operativos de seguridad, inteligencia, fiscalización y comunicación. El control interno queda en manos de la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas. También se establecen restricciones penitenciarias, patrullajes, decomisos y supervisión a operadores de justicia. La medida fue anunciada por el presidente José Jerí desde Palacio de Gobierno.