Fiscal Yenny Huacchillo: Víctor Zanabria y otros oficiales omitieron controlar el uso de la fuerza durante las protestas
La fiscal Yenny Huacchillo sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para llevar a juicio oral al excomandante general de la Policía y a otros 10 oficiales por la muerte de Víctor Santisteban y lesiones a manifestantes durante la denominada “Toma de Lima”
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos ratificó este jueves su acusación contra el excomandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, y otros 10 oficiales involucrados en la intervención policial durante las protestas sociales de enero de 2023, en las que falleció el ciudadano Víctor Santisteban.
La fiscal provincial Yenny Huacchillo informó en Canal N que se instaló la audiencia de control de acusación en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, etapa previa al eventual inicio del juicio oral.
“La acusación que hemos presentado es producto de una investigación firme, eficiente y especializada. Estamos convencidos de que contamos con los elementos suficientes para pasar a juicio oral”, declaró en entrevista con Canal N.
Según explicó la representante del Ministerio Público, la acusación comprende a once integrantes de la cadena de mando policial, entre ellos el entonces comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, y el exjefe operativo Frank Chang.
La fiscal sostuvo que la responsabilidad atribuida a los acusados se basa en la figura jurídica de “comisión por omisión”, debido a que, según la tesis fiscal, los altos mandos tenían el deber de supervisar, controlar y evitar el uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial desplegado durante las manifestaciones.
“No estamos diciendo que el señor Zanabria ordenó disparar. Lo que sostenemos es que tenía una posición de garante y que omitió acciones que debía realizar para evitar los resultados lesivos que finalmente ocurrieron”, precisó.
Investigación reunió más de mil diligencias
Huacchillo indicó que la investigación reunió más de mil diligencias, incluyendo videos de seguridad, registros GPS de radios policiales, pericias balísticas, certificados médico-legales, pericias pedimétricas y reconocimientos de voz.
Entre las pruebas más relevantes figura el material audiovisual que registra los hechos ocurridos en la avenida Abancay, donde resultó herido de muerte Víctor Santisteban el 28 de enero de 2023.
La fiscal explicó que la solicitud de 35 años de prisión responde a la acumulación de varios hechos investigados dentro del mismo expediente, que incluye no solo la muerte de Santisteban, sino también casos de lesiones graves y leves sufridas por otros manifestantes durante las jornadas de protesta del 24 y 28 de enero.
“Estamos postulando un concurso real homogéneo porque se trata de varios hechos y varios agraviados. Por eso la pena solicitada alcanza los 35 años”, señaló.
Proceso podría convertirse en un precedente importante
Asimismo, consideró que este proceso podría convertirse en un precedente importante respecto a la responsabilidad de los altos mandos policiales en el control de protestas sociales y el respeto de los derechos humanos.
Respecto a los plazos, estimó que la etapa de control de acusación podría concluir en los próximos meses, aunque aclaró que ello dependerá de la actuación de las partes y de la agenda del Poder Judicial.
“Tenemos la expectativa de que este proceso avance con celeridad para que las víctimas obtengan finalmente la reparación que corresponde”, concluyó.