Fiscalía pide derogar ley que penaliza a menores de 16 y 17 años

La fiscal superior Jacqueline Pérez Castañeda, coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en delitos contra la mujer y miembros del grupo familiar, ha solicitado formalmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, iniciar acciones para derogar la ley que permite procesar penalmente a menores de 16 y 17 años por la comisión de delitos graves. 

A través de un oficio, Pérez Castañeda planteó cinco medidas urgentes en defensa del interés superior del niño y en cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el Perú en materia de derechos humanos. 

Cinco acciones propuestas en defensa del interés superior del menor 

La solicitud contempla cinco acciones clave. En primer lugar, convocar a una mesa de trabajo intra institucional para analizar el tratamiento jurídico de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

En segundo lugar, insta a todos los fiscales del país a ejercer control de convencionalidad cuando se detenga a menores por delitos graves. La tercera medida es la derogatoria inmediata de la ley que incorpora a los adolescentes como sujetos penalmente imputables. 

El cuarto punto propone interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la norma vulnera la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado.

Finalmente, se solicita acelerar la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, pendiente desde hace años. 

Posibles violaciones a tratados internacionales 

La fiscal Pérez Castañeda argumenta que permitir que adolescentes sean juzgados como adultos por delitos graves contradice el principio del interés superior del niño, así como disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú. 

Desde esta perspectiva, la legislación vigente expone al Estado a comprometer sus obligaciones internacionales y pone en riesgo el enfoque de rehabilitación que debe regir el sistema penal juvenil. 

Como conclusión, este pedido se da en medio de un debate creciente sobre cómo enfrentar la criminalidad juvenil sin vulnerar derechos fundamentales. La ley en cuestión fue aprobada en el marco de políticas de mano dura frente al delito, pero ha generado críticas por su potencial efecto criminalizador sobre menores de edad.