Fiscalía pide suspender al jefe de la Policía Víctor Zanabria
La situación legal del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, ha escalado tras la solicitud formal del Ministerio Público para suspenderlo del cargo por un periodo de 18 meses. Esta medida está sustentada en presuntos delitos cometidos durante su paso por la Región Policial de Arequipa en 2020.
El pedido fue formulado por el fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. El requerimiento ha sido dirigido al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que ahora deberá convocar una audiencia pública para evaluar la medida.
¿Qué irregularidades se le imputan a Zanabria?
Según la Fiscalía, durante su gestión como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, Zanabria habría ordenado que suboficiales de la Policía Nacional realicen labores de construcción, electricidad y albañilería en horario laboral, encubiertos bajo asignaciones de patrullaje a pie.
Seis suboficiales, que figuran como testigos protegidos, relataron que fueron forzados a cumplir turnos de trabajo físico, pese a estar oficialmente asignados a tareas de vigilancia ciudadana. Entre las obras realizadas se encuentran remodelaciones en patios, fachadas y ambientes internos del complejo policial.
¿Qué dice el Código Procesal Penal sobre la medida?
El Ministerio Público invoca el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal, que permite la suspensión preventiva de derechos cuando se trata de delitos con pena de inhabilitación o cuando existe riesgo de reiteración delictiva.
En este caso, se solicita la suspensión temporal del cargo bajo los presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad, lo cual abriría un proceso paralelo al avance de la investigación fiscal en curso.
Testimonios clave comprometen a Zanabria
Uno de los testimonios más relevantes es el de la mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa. Ante la Fiscalía, sostuvo que recibió instrucciones directas de Zanabria para reclutar personal con habilidades técnicas en construcción. Estas personas debían figurar en los registros como patrulleros, pero realizaban tareas dentro del recinto policial.
Adicionalmente, Claver Colquehuanca, maestro de albañilería vinculado a estas obras, declaró haber recibido un pago superior al pactado inicialmente. Cuando consultó sobre la diferencia, Zanabria habría respondido que cobrara todo el monto y le entregara el excedente personalmente.
Transferencias sospechosas refuerzan la hipótesis fiscal
El expediente fiscal también detalla una serie de transferencias bancarias realizadas desde las cuentas del contratista Colquehuanca hacia otros implicados, como Rolando Rodríguez Bilbao, operador logístico de la región. Estos movimientos coincidieron temporalmente con la ejecución de las obras.
La documentación revisada incluye órdenes de servicio, actas de conformidad y comprobantes de pago, muchos de los cuales carecerían de sustento legal, lo que genera indicios de posible colusión y desvío de recursos públicos.
Zanabria rechaza las acusaciones
El comandante general ha negado todos los cargos y afirma que jamás ordenó tareas fuera del marco legal. En declaraciones previas, indicó que cualquier acción emprendida durante su gestión fue realizada con fines institucionales y dentro de los límites del reglamento policial.
Hasta el momento, no ha emitido un pronunciamiento público detallado tras conocerse el pedido de suspensión, aunque se sabe que se encuentra preparando su defensa junto a su abogado de confianza.
Audiencia clave definirá su permanencia
El Poder Judicial deberá evaluar el pedido fiscal en una audiencia pública aún por programar. De concederse la solicitud, Zanabria quedaría apartado del cargo por un periodo de 18 meses, lo que implicaría una reestructuración inmediata en la cúpula de la Policía Nacional del Perú.
Este escenario no solo afectaría la conducción operativa de la institución, sino que también tendría repercusiones políticas al más alto nivel, considerando la cercanía entre el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Otros funcionarios policiales también están implicados
La carpeta fiscal no solo incluye a Zanabria. También están siendo investigados otros altos mandos de la región policial, entre ellos los coroneles Francis Alarcón Gallegos y Luis Cancela Roggero, así como suboficiales de logística y operativos.
Se les acusa de haber facilitado contratos sin concurso y de haber permitido la ejecución de obras con personal institucional en condiciones que vulnerarían los principios de legalidad y transparencia en el uso de recursos del Estado.
Contexto de una gestión cuestionada
En junio de 2025, la Fiscalía de Arequipa ya había formalizado una investigación preparatoria contra Zanabria, que incluye acusaciones por colusión agravada y negociación incompatible, además del peculado doloso. Las obras cuestionadas se habrían realizado entre 2019 y 2020.
En total, la investigación fiscal abarca remodelaciones internas, servicios de fachada en piedra laja y la construcción de un cenotafio en el patio central de la institución, todo presuntamente realizado sin licitación ni contrato formal.
La solicitud de suspensión contra el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, marca un nuevo episodio en la lucha anticorrupción dentro de las instituciones del Estado. El Ministerio Público sustenta su pedido en una serie de testimonios, documentos y movimientos financieros que apuntan a irregularidades graves en la gestión de obras públicas en Arequipa.
El caso ahora queda en manos del Poder Judicial, que deberá decidir si el alto oficial continuará o no al frente de la Policía Nacional del Perú mientras se desarrolla el proceso.