Flavio Cruz admite falta de control en viáticos del Congreso
El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, se pronunció sobre el millonario presupuesto asignado a los viáticos para asesores durante las semanas de representación parlamentaria.
Según explicó, entre 2024 y 2025 este gasto superará los S/5 millones, con asignaciones de S/1,600 semanales por comisionado, incluso en actividades realizadas en Lima.
Cruz defendió el uso de estos fondos en provincias, donde —afirmó— la mayoría de parlamentarios de su bancada debe cubrir traslados y hospedajes. Sin embargo, reconoció que en el caso de congresistas que residen en la capital el beneficio puede resultar cuestionable.
Viáticos cuestionados en actividades en Lima
El legislador indicó que, en los casos donde las semanas de representación se realizan dentro de Lima Metropolitana, no siempre hay justificación para la asignación de viáticos. En esos escenarios, admitió que los recursos podrían no responder a criterios de austeridad.
El congresista señaló que cada parlamentario es responsable de los gastos de su despacho, aunque advirtió que el sistema actual permite situaciones que generan controversia.
Rendición de cuentas y vacíos normativos
Cruz explicó que en zonas alejadas del país resulta difícil sustentar gastos con boletas o facturas, lo que con frecuencia obliga a devolver parte de los viáticos. Añadió que actualmente los criterios para aceptar o rechazar gastos dependen de cada evaluador administrativo, lo que genera discrecionalidad en el control.
Por ello, planteó la necesidad de una nueva reglamentación interna que unifique criterios y establezca un mecanismo más claro de rendición de cuentas.
Llamado a reajustes y mayor austeridad
El parlamentario de Perú Libre señaló que el Congreso debe reflexionar sobre el uso de estos fondos y plantear reajustes que se alineen con una política de austeridad.
Consideró que los comisionados deben acompañar siempre al congresista en su trabajo en regiones, pero no realizar actividades separadas.
Finalmente, Cruz sostuvo que una regulación más estricta permitiría evitar dudas sobre el destino de los recursos públicos asignados a los asesores del Parlamento.