Gasoducto Sur Peruano: Graña y Montero presentó solicitud para arbitraje contra el Estado peruano
La empresa Graña y Montero presentó una solicitud de arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en su condición de acreedor. Esta medida se suma a la interpuesta por la empresa española Enagas, que formó un consorcio con la firma peruana y la empresa Odebrecht para la construcción del canal.
Según la interpretación de la empresa peruana, ésta considera que se ha visto afectado dado que no se llevó a cabo la subasta para la ejecución del proyecto.
En tanto, la posición del Estado peruanos es como en el caso de Enagás, donde los socios no pueden solicitar ninguna compensación dado que no se realizó el cierre financiero y el proyecto se llevó a todo riesgo de los socios del consorcio.
La firma española pretende que el Gobierno Peruano pague la suma de $198 millones por haber rescindido el contrato de la obra, valor fijado por la empresa española.
El consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) estaba dividido de modo que Odebrecht asumía el 55%, mientras que Enagas solo el 25% y Graña y Montero el 20%.
Incluida en el Club de la Construcción
Como se recuerda, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria incorporó a la empresa Graña y Montero como investigada en el caso Club de la Construcción, a pedido de la Fiscalía, el pasado miércoles 4 de diciembre.
Además, el ex directivo de Graña y Montero, José Graña Miro Quesada, reconoció que entregó $25 000 que luego terminó en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011.
La ruta del dinero, según dijo, fue la siguiente: los 25 mil dólares de Graña fueron entregados a la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) y esta corporación empresarial a su vez, transfirió el dinero a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales privadas (Confiep) donde se hizo una bolsa con otros empresarios. El monto total recaudado ascendió a $240 000.
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