Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE
Como parte de las acciones contempladas, el Ejecutivo planea aislar a los internos considerados de alta peligrosidad y redistribuirlos en penales que cuenten con mayor capacidad de control y vigilancia, como los de Lurigancho y Ancón
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que el gobierno está evaluando declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debido al control que aún ejercen los cabecillas de organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.
En entrevista con el programa Panorama, el jefe del Gabinete señaló que recientes operativos han revelado que los reclusos acceden a Internet mediante antenas clandestinas instaladas en los penales, lo que les permite seguir coordinando delitos desde el interior de las cárceles.
Gobierno detecta uso de Internet por parte de reclusos
Álvarez indicó que se ha comprobado el uso de conexiones no autorizadas dentro de los penales, lo que representa una amenaza directa a los esfuerzos del Estado por combatir el crimen organizado. Afirmó que estas condiciones impiden que las medidas de reclusión funcionen de manera efectiva.
El premier subrayó que el problema es estructural y que la declaratoria de emergencia permitiría adoptar medidas extraordinarias para recuperar el control interno de los establecimientos penitenciarios.
Reos de alta peligrosidad serán redistribuidos
Como parte de las acciones contempladas, el Ejecutivo planea aislar a los internos considerados de alta peligrosidad y redistribuirlos en penales que cuenten con mayor capacidad de control y vigilancia, como los de Lurigancho y Ancón.
Esta medida busca minimizar el poder operativo que ciertos cabecillas mantienen desde prisión, así como cortar los canales de comunicación que utilizan para seguir dirigiendo extorsiones, sicariato y otras actividades delictivas.
El Ejecutivo ha señalado que esta situación requiere medidas urgentes, dado el impacto directo que tiene en la seguridad nacional y en la capacidad del Estado para desarticular redes criminales.