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Grados: "Acuerdo con profesores tiene validez jurídica y rango de ley"

Dijo que sindicato de Pedro Castillo no tiene reconocimiento del Ministerio de Trabajo
Alfonso Grados, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Andina

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, sostuvo que el acuerdo negociado con los dirigentes de los profesores en huelga tiene una validez jurídica y rango de ley, por lo que se cumplirá. 

Precisó que la negociación con el comité de lucha de los gremios regionales que dirige Pedro Castillo, ha sido una situación anómala porque se trata de un sindicato que no tiene reconocimiento del Ministerio de Trabajo.  

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El único sindicato reconocido, dijo, es el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) que dirige Alfredo Velásquez, aunque advirtió que la reciente huelga de profesores ha dejado en evidencia que no tienen representatividad efectiva. 

Indicó que corresponde a los propios maestros recomponer sus organizaciones y definir si quieren tener una organización centralizada de carácter nacional, macro regional o regional, en un proceso legítimo de elección de sus representantes. 

Alfonso Grados sostuvo que aún cuando el sindicato de Pedro Castillo no tenga validez legal ni haya suscrito el acuerdo negociado con el Ministerio de Educación, los compromisos que adelantan el piso salarias de 2000 soles a noviembre y otros beneficios, tienen validez. 

“Los acuerdos, aunque le falta la firma, tienen validez jurídica porque tienen rango de ley. El señor Castillo no tiene representación, pero la ministra lo iba a firmar y darle un valor legal a los compromisos publicándolo, como ha sucedido”, refirió. 

Consideró que la negativa de Pedro Castillo a firmar el acta se debería a motivaciones políticas, porque seguir conduciendo una huelga le permite seguir contando con la adhesión de otros gremios de maestros y ser recibido en el Congreso. 

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Alfonso Grados preciso que los descuentos que se iniciaron por la continuidad de la huelga no son una sanción, dado que toda medida de fuerza implica el sacrificio del trabajador en defensa de sus derechos, lo que supone que si no trabaja, no cobra su remuneración. 

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