Jaime Delgado advierte riesgo de censura a la prensa ante proyecto que busca penalizar “apología del delito”

El senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, expresó su preocupación por el proyecto de ley del diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, que plantea penalizar a comunicadores que realicen presunta “apología del delito” durante situaciones de crisis política y conflictos sociales.

En diálogo con Canal N, Delgado señaló que su bancada aún no ha analizado el texto en detalle, pero reafirmó su defensa de la libertad de expresión y de prensa, al considerar que ambas son fundamentales para garantizar la transparencia y permitir que la ciudadanía exprese sus opiniones, incluso cuando estas resulten incómodas.

El senador advirtió que cualquier restricción debe ser evaluada con especial cuidado, debido al riesgo de que termine criminalizando derechos ciudadanos legítimos. Como ejemplo, mencionó que una huelga constituye un derecho constitucional y cuestionó que una persona pueda ser penalizada simplemente por promover su ejercicio.

“Hay que tener mucho cuidado en eso, porque no vayamos a caer en una situación de censura a la libertad de expresión y al libre ejercicio de los derechos ciudadanos”, sostuvo.

Advierte sobre conceptos imprecisos

Delgado también coincidió con los especialistas que han cuestionado la falta de precisión del proyecto de ley. Explicó que uno de los principios fundamentales del derecho penal es la tipicidad, por lo que las conductas que se pretenden criminalizar deben estar claramente definidas.

Según indicó, una redacción vaga podría generar un amplio margen de interpretación para jueces y fiscales y, eventualmente, abrir la puerta a situaciones de arbitrariedad. El senador agregó que el proyecto debe ser revisado además considerando que determinadas conductas relacionadas con la instigación o la apología ya se encuentran contempladas en el Código Penal.

Finalmente, Delgado señaló que su bancada revisará el contenido de la iniciativa antes de adoptar una posición definitiva y reiteró la necesidad de evitar cualquier norma que pueda convertirse en un mecanismo de censura o persecución de opiniones discrepantes.