Roberto Pereira advierte que proyecto sobre “apología del delito” amenaza la libertad de expresión

El abogado especialista en temas de prensa y libertad de expresión Roberto Pereira cuestionó el proyecto de ley presentado por el diputado de Renovación Popular Aldo Bravo, que plantea sancionar con penas de entre cuatro y seis años de prisión la presunta apología del delito agravada durante contextos de crisis política y conflictos sociales.

En diálogo con Canal N, Pereira consideró que la iniciativa es innecesaria y técnicamente deficiente, debido a que las conductas que busca sancionar ya están contempladas en el Código Penal mediante las figuras de instigación a la comisión de delitos y apología.

Según explicó, el proyecto incorpora términos ambiguos como “líder de opinión”, “dirigente social”, “capacidad de convocatoria pública” o “plataforma digital”, sin establecer definiciones precisas. A su juicio, esta falta de claridad podría generar interpretaciones arbitrarias y poner en riesgo a periodistas, comunicadores y ciudadanos.

El especialista recordó que la instigación ya está regulada en el artículo 24 del Código Penal y consiste en influir o determinar a otra persona para que cometa un delito. Asimismo, señaló que la figura de la apología también se encuentra contemplada en la legislación vigente.

Criterios establecidos por el Tribunal Constitucional respecto a la apología

Pereira sostuvo que el proyecto tampoco toma en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional respecto a la apología. Indicó que, debido a su relación con la libertad de expresión, esta conducta debe estar claramente delimitada y referirse a una exaltación manifiesta de delitos ya cometidos y de sus autores sancionados.

El abogado advirtió que la iniciativa podría utilizarse para cuestionar la cobertura periodística de protestas sociales. Señaló que la transmisión en vivo de una manifestación que eventualmente derive en actos violentos podría ser interpretada arbitrariamente como una forma de “alentar” o “justificar” la violencia.

Como antecedente, recordó el caso de Radio La Voz de Bagua, cuya licencia fue cancelada durante el conflicto social de 2009 luego de que se le atribuyeran contenidos que supuestamente exacerbaban la violencia. Pereira sostuvo que posteriormente se determinó que la emisora realizaba una cobertura periodística de los hechos y que el Gobierno tuvo que restituirle la licencia.

Denuncias y procesos penales contra periodistas y comunicadores

El especialista señaló que una norma de estas características podría abrir la puerta no solo al cierre de medios, sino también a denuncias y procesos penales contra periodistas y comunicadores por expresiones que, aunque puedan resultar polémicas o cuestionables, se encuentran protegidas por la libertad de expresión.

Pereira reconoció que existen límites legales frente a conductas que realmente promuevan la comisión de delitos. Mencionó como ejemplo los casos en los que medios o periodistas realizan llamados manifiestos a cometer actos criminales contra personas o grupos, diferenciándolos de la cobertura informativa de hechos violentos.

Finalmente, calificó el proyecto como una iniciativa peligrosa para el ejercicio periodístico y sostuvo que podría generar un efecto de autocensura entre medios y comunicadores. Advirtió que la utilización de conceptos vagos permitiría promover denuncias contra quienes mantengan posiciones editoriales o informen sobre conflictos sociales de una manera que resulte incómoda para determinados sectores políticos.