Roberto Pereira rechaza norma que restringe denuncias penales

El abogado penalista Roberto Pereira calificó como inconstitucional la resolución que declara reservada toda la información vinculada a denuncias penales. Según explicó, la Policía Nacional no ha justificado de manera adecuada el daño que podría generar la publicación de estos datos, y la medida vulnera el derecho de acceso a la información pública.

Pereira sostuvo que una entidad solo puede clasificar información como reservada si demuestra que su difusión representa un daño inminente, grave o irreparable. En este caso, señaló que la disposición es amplia y general, pues abarca cualquier denuncia sin distinguir entre situaciones que ameriten protección y aquellas de interés ciudadano.

El penalista advirtió que esta decisión impide conocer denuncias que podrían ser relevantes en procesos electorales, como los antecedentes de candidatos a cargos de elección popular. También limita el acceso a estadísticas y antecedentes necesarios en el ámbito privado, como transacciones comerciales o contrataciones.

Impacto en la transparencia y la democracia

De acuerdo con Pereira, la resolución debilita el control ciudadano al restringir información de especial interés público. Recordó que la transparencia es fundamental para evaluar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar cargos públicos y para mantener la confianza en las instituciones.

El abogado propuso, en lugar de una reserva general, un modelo de acceso diferenciado que permita conocer datos generales de las denuncias sin afectar información sensible. De esta manera, se protegerían tanto los derechos de las víctimas como el desarrollo de investigaciones, sin restringir por completo el acceso ciudadano.

A su juicio, declarar reservada toda la información durante cinco años, como lo establece la norma, excede los límites razonables y compromete la legitimidad democrática.

Cultura del secretismo en el Estado

Pereira también cuestionó lo que denominó una “cultura del secretismo” en la administración pública peruana. Recordó que en el pasado la Policía no solo filtraba información de forma selectiva, sino que incluso comercializaba datos, lo que pone en entredicho la validez del argumento de protección institucional.

En ese sentido, afirmó que el verdadero desafío es fortalecer mecanismos de control y garantizar un uso responsable de la información pública, en lugar de restringirla de manera indiscriminada.

Posibles acciones legales contra la medida

El abogado señaló que la resolución puede ser cuestionada a través de mecanismos jurídicos, como la acción popular, ya que se trata de una norma infralegal. Explicó que corresponde al Poder Judicial revisar su validez constitucional y garantizar que no se afecten los derechos de acceso a la información.

Pereira destacó que existen casos en los que la reserva sí es necesaria, como para proteger a menores, víctimas de violencia sexual o investigaciones en curso. Sin embargo, aclaró que una mera denuncia no pone en riesgo dichos procesos y no justifica una reserva absoluta.