Julio Rodríguez considera acertados los cambios en las reglas de legítima defensa
Sobre las nuevas disposiciones contra la extorsión, el abogado penalista advirtió que prestar cuentas bancarias o billeteras digitales a terceros puede generar responsabilidad penal cuando estas son utilizadas para recibir dinero proveniente de actividades criminales
El abogado penalista Julio Rodríguez analizó en Canal N los recientes cambios al Código Penal relacionados con la legítima defensa, las sanciones para quienes faciliten cuentas bancarias o billeteras digitales a organizaciones criminales y la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
En entrevista con Canal N, el especialista consideró que las modificaciones representan un avance en la política criminal del país, pero advirtió que las medidas punitivas deben complementarse con acciones preventivas y disuasivas para enfrentar de manera integral la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.
"Este es un primer momento, creo yo, importante, pero no puede abandonarse el resto de las políticas criminales que lo que hacen la práctica es acabar afianzando una lucha integral contra los flagelos de la criminalidad organizada", manfiestó.
Rodríguez calificó como acertada la modificación sobre legítima defensa y sostuvo que los ciudadanos deben estar protegidos cuando reaccionan ante una agresión ilegítima.
“La legítima defensa tiene rango constitucional en el Perú”, afirmó. Asimismo, explicó que la nueva regulación incorpora una presunción de racionalidad para quien actúa en defensa propia o de terceros, sin exigir una proporcionalidad estricta entre los medios utilizados por el agresor y la persona que se defiende.
Como ejemplo, señaló que una persona podría utilizar un arma de fuego para defenderse de un atacante que emplea un cuchillo, siempre que se cumplan los requisitos legales de la legítima defensa.
"En la práctica, los ciudadanos estaban casi casi maniatados. No podían ejercer legítima defensa porque inmediatamente eran procesados, eran detenidos en un estado de derecho", declaró.
El abogado también destacó que, cuando se invoque esta figura, corresponderá al Ministerio Público establecer que no se cumplen sus condiciones. Según explicó, si se acredita la existencia de una agresión ilegítima, el uso racional de los medios de defensa y que quien se defiende no provocó la agresión, la investigación fiscal deberá archivarse.
Facilitar cuentas bancarias o billeteras digitales podría implicar responsabilidad penal
Sobre las nuevas disposiciones contra la extorsión, el penalista advirtió que prestar cuentas bancarias o billeteras digitales a terceros puede generar responsabilidad penal cuando estas son utilizadas para recibir dinero proveniente de actividades criminales.
Rodríguez sostuvo que los ciudadanos deben verificar la finalidad del uso de sus cuentas antes de facilitarlas, debido a que podrían terminar involucrados como partícipes en hechos delictivos.
El especialista comparó esta situación con aceptar transportar una maleta de otra persona sin conocer su contenido. Según explicó, las circunstancias actuales obligan a tomar precauciones para evitar que las cuentas sean utilizadas para recibir depósitos vinculados con extorsiones.
Además, señaló que las investigaciones deben contar con respaldo tecnológico para diferenciar los casos en los que una persona presta voluntariamente su cuenta de aquellos en los que se producen clonaciones, hackeos o suplantaciones de identidad.
En ese sentido, planteó reforzar la capacidad de investigación de los delitos informáticos y adoptar medidas para evitar el uso irregular de líneas telefónicas y chips registrados con identidades que no corresponden a sus verdaderos usuarios.
Fuerzas Armadas en exteriores de penales: abogado considera viable la medida
En relación con el reforzamiento de la seguridad penitenciaria mediante la participación de las Fuerzas Armadas, Rodríguez consideró que la medida puede ser compatible con la Constitución si se aplica dentro de los alcances del estado de emergencia.
Explicó que este régimen permite restringir determinados derechos constitucionales y habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en zonas consideradas de alto riesgo.
En esa línea, sostuvo que el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios y la vigilancia de sus accesos pueden ser asumidos por personal militar, siempre que cuente con la capacitación correspondiente.
Finalmente, destacó la experiencia de las Fuerzas Armadas peruanas en operaciones internacionales y consideró que esa preparación puede aprovecharse para reforzar la seguridad en los alrededores de los penales.