Lamas Puccio: Juicio a Humala podría extenderse más de un año
Sobre la extinción de dominio, dijo que si la ley es modificada para exigir una sentencia condenatoria firme antes de aplicarla, muchos casos en curso podrían archivarse, lo que dificultaría la recuperación de bienes obtenidos ilegalmente
El abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que la acusación contra el expresidente Ollanta Humala es un paso clave dentro del proceso penal.
En diálogo con Canal N, mencionó que la Fiscalía ha reunido pruebas a lo largo de varios años, incluyendo testimonios y declaraciones de colaboradores eficaces, para fundamentar su caso.
Antes de que inicie el juicio oral, se debe llevar a cabo una audiencia de control de acusación, donde se verificará si la acusación fiscal cumple con los requisitos de fondo y forma.
Este proceso podría tomar varias semanas. Posteriormente, el juicio oral, que podría durar más de un año, determinará la responsabilidad penal del expresidente.
Sobre la base de la acusación, Lamas Puccio aclaró que las declaraciones de los colaboradores eficaces son verificadas antes de ser utilizadas como prueba. Es decir, la Fiscalía no se basa solo en estos testimonios, sino que los corrobora con otros elementos de convicción.
Extinción de Dominio y cambio en la Ley
Lamas Puccio también abordó la posible modificación de la ley de extinción de dominio, lo que podría afectar casos emblemáticos como los de Alejandro Toledo, Vladimir Cerrón, Rodolfo Orellana, Martín Vizcarra y Joaquín Ramírez.
Explicó que la extinción de dominio es un proceso independiente del juicio penal. Mientras que el juicio penal evalúa si una persona es culpable de un delito, la extinción de dominio solo analiza si los bienes de una persona tienen un origen lícito o ilícito.
Si la ley es modificada para exigir una sentencia condenatoria firme antes de aplicar la extinción de dominio, muchos casos en curso podrían archivarse, lo que dificultaría la recuperación de bienes obtenidos ilegalmente.
Caso de Joaquín Ramírez
Sobre el caso de Joaquín Ramírez, el abogado indicó que, si se cambia la ley, este podría beneficiarse en lo que respecta a sus bienes incautados, pero no necesariamente en la parte penal, ya que ambos procesos son distintos.
En conclusión, la modificación de la ley podría afectar miles de procesos en curso, debilitando una herramienta clave para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el país.