Málaga exige a Dina Boluarte explicar funciones de Santiváñez
El congresista Edward Málaga Trillo solicitó formalmente a la presidenta Dina Boluarte un informe detallado sobre las funciones, atribuciones y respaldo institucional que ostenta el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, actualmente integrante del Despacho Presidencial. La petición fue oficializada el 7 de julio mediante un oficio que plantea una serie de interrogantes sobre el verdadero nivel de poder que ejerce el exministro dentro del Ejecutivo, así como su reciente denuncia penal contra periodistas.
Solicita explicación por influencia de Santiváñez
En el documento, Málaga expresa su preocupación por lo que considera una creciente opacidad sobre la estructura interna del Despacho Presidencial. Señala que diversos reportajes periodísticos advierten que Santiváñez estaría asumiendo decisiones que sobrepasan incluso al Presidente del Consejo de Ministros, lo cual considera inaceptable en un régimen democrático.
“La ciudadanía merece saber si esta persona cuenta con algún respaldo oficial para actuar con esa influencia. Resulta particularmente grave que se le observe en reuniones de alto nivel sin que quede clara su función exacta”, advirtió Málaga.
En ese sentido, el congresista solicita a la mandataria detallar cuál es el cargo oficial de Santiváñez, qué funciones específicas cumple en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, cuántas personas tiene a su cargo, y si sus atribuciones duplican responsabilidades de otras áreas del Ejecutivo.
Denuncia penal contra periodistas genera alarma
Uno de los puntos centrales del oficio es el rechazo a la denuncia penal interpuesta por Santiváñez contra el programa Punto Final, la periodista Mónica Delta y el canal Latina Televisión, a quienes acusa por presunto reglaje.
Para Málaga, se trata de “un abierto acto de amedrentamiento a la prensa”, incompatible con los principios democráticos. En esa línea, pregunta directamente si la presidenta Dina Boluarte y su despacho respaldan este tipo de acciones que, según afirma, atentan contra la libertad de información y buscan criminalizar el periodismo de investigación.
El parlamentario recordó que Santiváñez ya fue censurado por el Congreso por su “fracaso en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, además de contar con carpetas fiscales abiertas en su contra y un impedimento de salida del país. Considera inexplicable que pese a ese historial, se mantenga en una posición de confianza tan cercana al poder.
Exige respuestas sobre estructura y recursos
En el oficio también se solicita información sobre la creación de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, su sustento jurídico, presupuesto, logística asignada, criterios de designación y resultados concretos obtenidos. Málaga quiere saber si esta oficina fue creada para cumplir una función estratégica o si responde a intereses particulares.
Asimismo, consulta si Santiváñez ha participado en decisiones sobre políticas públicas, designaciones de funcionarios o coordinaciones con otros ministerios. “Queremos saber si este personaje tiene poder real de decisión y si ese poder es formal o fáctico”, remarcó el congresista.
La solicitud se ampara en el artículo 22 del Reglamento del Congreso y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, invoca el derecho constitucional a la libertad de información como fundamento del requerimiento.
Pérez Reyes aclara que Santiváñez es solo asesor
Como complemento a esta controversia, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, declaró el último fin de semana que Juan José Santiváñez no ostenta un cargo jerárquico dentro del Ejecutivo. En entrevista con Canal N, precisó que su posición no está por encima del premier ni de ningún ministro, sino que forma parte del “staff de asesores” de la presidenta Boluarte.
“No hay ningún cargo que se sobreponga al del premier o los ministros”, afirmó Pérez Reyes. Agregó que, en lo personal, no ha sostenido reuniones directas con Santiváñez, y que cualquier contacto habría sido circunstancial.
El titular del MEF también explicó que, dentro de la estructura del Ejecutivo, los asesores no tienen capacidad de decisión política ni autoridad sobre los miembros del gabinete.
Consejo de la Prensa rechaza acción contra periodistas
El Consejo de la Prensa Peruana también se pronunció sobre la denuncia presentada por Santiváñez contra periodistas. Su director ejecutivo, Rodrigo Salazar, calificó la acción legal como “un ataque frontal al periodismo” y advirtió que este tipo de prácticas buscan generar autocensura utilizando figuras penales improcedentes.
“Se trata de un uso indebido del sistema judicial para intimidar a medios y periodistas. No se puede disfrazar una cobertura informativa de reglaje”, indicó Salazar.
Asimismo, criticó el silencio del Ejecutivo frente a este tipo de acciones. “La presidenta lleva más de 250 días sin declarar a la prensa. Este es un gobierno que rehúye el escrutinio público y eso es sumamente grave”, concluyó.