Maldonado sobre Santiváñez: Pericia refuerza investigación fiscal
Un segundo peritaje judicial ha confirmado con “muy alta probabilidad” que la voz registrada en audios enviados vía WhatsApp al capitán PNP Junior Izquierdo pertenece al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.
El contenido de los audios revela solicitudes de información vinculadas a una investigación sobre Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cuando Santiváñez aún no ejercía funciones públicas.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado indicó en entrevista con Canal N que esta prueba científica ratifica la autenticidad de los audios y fortalece la hipótesis fiscal sobre una posible estrategia de protección al entorno presidencial mediante actos irregulares realizados antes del nombramiento de Santiváñez en el Ejecutivo.
Uso de influencias antes de ser funcionario público
Según Maldonado, los hechos ocurrieron cuando Santiváñez no ocupaba ningún cargo en el Estado, por lo que sus acciones representarían un uso indebido de poder e influencias, aparentemente con el objetivo de obtener un nombramiento en el Ministerio del Interior.
Aunque inicialmente no fue designado ministro, posteriormente asumió como viceministro y, tras el allanamiento a la residencia de la mandataria, fue reincorporado al sector como asesor de la alta dirección.
Estas circunstancias, señaló Maldonado, exponen una intención deliberada de influir en procesos sensibles como la investigación fiscal a Nicanor Boluarte, con el propósito de beneficiar políticamente a quien luego lo incorporaría al aparato estatal.
Implicancias legales para la presidenta y debilitamiento institucional
El exprocurador advirtió que los hechos descritos no solo afectan la situación jurídica de Santiváñez, sino también podrían comprometer a la presidenta Dina Boluarte.
Según explicó, los audios y la posterior designación del hoy ministro revelan una cadena de decisiones que habrían contribuido a la desarticulación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), afectando la lucha contra la corrupción en el país.
Maldonado calificó estos actos como contrarios a la ética pública y potencialmente constitutivos de delito, en línea con las investigaciones en curso que involucran la creación de redes de protección dentro del Estado para bloquear procesos judiciales.
Defensa oficial desestima audios; peritajes descartan manipulación
Desde el Ejecutivo se sugirió que los audios podrían haber sido generados mediante inteligencia artificial, una hipótesis que, según Maldonado, ha sido descartada por los peritajes realizados por equipos independientes y validados por la Fiscalía. “Es una prueba legal, científica, y suficientemente convincente para cualquier tribunal”, afirmó.
Además, Maldonado consideró que estas afirmaciones desde el gabinete carecen de sustento técnico y buscan desacreditar una investigación seria. A pesar de que Santiváñez no prestó su voz para el análisis, el procedimiento se realizó de acuerdo a estándares legales válidos.
Nuevas denuncias por uso de fondos públicos en el MINEDU
En paralelo, Maldonado también se refirió a la denuncia difundida por Cuarto Poder sobre el uso de la caja chica del Ministerio de Educación para adquirir bienes como camisas, galletas y electrodomésticos durante la gestión del ministro Morgan Quero.
A su juicio, estos gastos podrían configurar el delito de peculado de uso, al emplear recursos estatales para fines personales.
Según el exprocurador, la respuesta del MINEDU —que justifica las compras como parte de reuniones de trabajo— es insuficiente ante las pruebas específicas difundidas. Señaló que la falta de control interno y la permisividad institucional generan un entorno propicio para la malversación de fondos públicos.