Muñoz: Crisis política sería por conducta de Boluarte
La exprocuradora anticorrupción Delia Muñoz explicó las implicancias legales y constitucionales del pedido para levantar el secreto médico de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones por presunta omisión de funciones debido a las cirugías estéticas que se habría realizado en junio de 2023.
En diálogo con Canal N, Muñoz recordó que el secreto médico es un derecho personal protegido por la Constitución y la Ley General de Salud.
Solo la titular del derecho (en este caso, Boluarte) o un juez pueden autorizar su levantamiento, siempre que exista una causa justificada, como la sospecha de la comisión de un delito.
Según lo señalado, en diciembre de 2024 la presidenta pidió públicamente que se levante su secreto médico, indicando que su operación había respondido a una necesidad médica. Sin embargo, meses después, en audiencia judicial, solicitó lo contrario, generando contradicciones que han abierto cuestionamientos éticos y políticos.
La información clave es un reporte médico que quedó en la clínica donde se realizaron los procedimientos estéticos y que, según se ha informado, fue entregado por el propio cirujano Mario Cabani a la Fiscalía.
Este documento no forma parte de la historia clínica que la presidenta se llevó, pero está protegido bajo la reserva del acto médico.
Muñoz señaló que el juez supremo Juan Carlos Checkley deberá evaluar si el contenido del acto médico forma parte de una investigación válida y si la negativa de Boluarte puede ser superada por una causa constitucionalmente justificada. E
Asimismo, mencionó que el punto clave será determinar si hubo o no omisión de funciones, ya que la mandataria fue sometida a anestesia general, lo que pudo haberla incapacitado temporalmente para ejercer el cargo sin haberlo comunicado al Congreso.
Finalmente, la exprocuradora advirtió que esta contradicción entre el discurso público y la defensa judicial puede tener consecuencias políticas y legales para la mandataria, dependiendo del criterio que adopte el Poder Judicial sobre el acceso a la información médica.
