Padilla: Audios de Santiváñez configuran tráfico y peculado
Los audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, revelan presuntas coordinaciones irregulares con distintos interlocutores, entre ellos el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.
En diálogo con Canal N, el abogado penalista Vladimir Padilla, el contenido de estas grabaciones configuraría al menos dos delitos: tráfico de influencias y peculado de uso.
El especialista enfatizó que, pese a la negativa del ministro sobre la autenticidad de su voz, ya existe un antecedente pericial en otro caso que confirma que sí le pertenece.
En ese contexto, afirmó que el funcionario debería ser el primero en someterse a una nueva verificación técnica para aclarar las acusaciones en su contra.
Delitos identificados en los audios atribuidos a Santiváñez
Vladimir Padilla precisó que en los audios se escucha a Santiváñez ofrecer beneficios indebidos a terceros, entre ellos la supuesta reubicación del sentenciado Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”.
Este hecho, aún sin haberse concretado, constituiría tráfico de influencias por parte de un funcionario público, lo cual agrava la figura penal.
Además, Padilla sostuvo que el uso de oficinas del Ministerio del Interior para atender a allegados de sentenciados podría configurar peculado de uso. Se registraron al menos dos visitas de la esposa de “El Diablo” a las instalaciones donde despachaba el hoy ministro de Justicia.
El penalista explicó que incluso si las acciones no llegaron a materializarse, el solo ofrecimiento de un favor aprovechando la función pública es suficiente para iniciar una investigación.
Inacción y silencio oficial frente a la denuncia
El abogado criticó la falta de pronunciamiento del premier Eduardo Arana, directamente mencionado en los audios, y de la presidenta Dina Boluarte.
Señaló que, ante la gravedad de las imputaciones, ambos debieron manifestarse de inmediato para esclarecer los hechos y asumir la responsabilidad institucional que corresponde.
Sobre la defensa legal de Santiváñez, que ha sugerido que la denuncia sería parte de un intento por forzar su salida del cargo, Padilla respondió que los antecedentes y el contenido de los audios no deben ser desestimados como un ataque político, sino tratados con seriedad penal.
Posibilidades de investigación desde el Ministerio Público
El especialista explicó que el Ministerio Público sí puede iniciar una investigación preliminar contra Santiváñez. Sin embargo, por su calidad de ministro de Estado, solo podría ser procesado penalmente si el Congreso otorga la autorización correspondiente.
De lo contrario, la acción penal plena solo sería posible una vez que deje el cargo y transcurran cinco años. Padilla remarcó que este tipo de casos demuestran la conexión entre lo penal y lo político, ya que el avance de una investigación contra un alto funcionario depende en buena medida de la voluntad del Congreso y del Ejecutivo.