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PJ advierte riesgos de la nueva Ley de Extinción de Dominio

Poder Judicial alertó que la modificación a la Ley de Extinción de Dominio pone en riesgo el ingreso del Perú a la OCDE y favorece al crimen organizado

Poder Judicial aseguró que la ley que modifica la extinción de dominio podría hacer que el Perú corra el riesgo de ser incluido en listas de alto riesgo económico y no acceder a la OCDE. Foto: Andina. Video: Canal N

La presidencia del Poder Judicial (PJ) expresó su preocupación por las recientes modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, advirtiendo que la nueva norma representa una amenaza para la lucha contra el crimen organizado, el sicariato y otras formas de violencia en el país. Según la institución, los cambios legislativos debilitan los avances en la recuperación de activos ilícitos y facilitan la operación de organizaciones criminales.

El pronunciamiento señala que el cambio más crítico es la restricción al decomiso de bienes sin necesidad de sentencia penal. Esta medida —clave para enfrentar delitos complejos— queda debilitada, según el Poder Judicial, lo que pondría en jaque la eficacia del sistema judicial para neutralizar economías ilegales.

Alerta sobre OCDE y sanciones internacionales

El Poder Judicial advirtió que la modificación pone al Perú en una situación de riesgo frente a la comunidad internacional. De mantenerse la norma, el país podría ser incluido en listas de alto riesgo financiero, como la “gris oscura” o la “lista negra”, lo que afectaría su acceso al sistema financiero global.

Además, advirtió que este cambio legislativo podría frustrar el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una de las metas institucionales del Estado peruano. El país también será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entre 2025 y 2029, lo que pone presión sobre el cumplimiento de estándares internacionales contra el lavado de activos.

Ley fue aprobada pese a rechazo de instituciones clave

El Congreso aprobó la norma el 10 de abril con 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones. Fue firmada por el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, y posteriormente promulgada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén antes del vencimiento del plazo legal.

Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial rechazaron la iniciativa desde su origen, mientras que el Ministerio de Justicia advirtió en tres ocasiones que esta ley podría favorecer a organizaciones criminales al limitar el decomiso de bienes sin sentencia.

Extinción de dominio permitió recuperar más de 172 millones

Desde su implementación en 2019 hasta el primer trimestre de 2025, la extinción de dominio ha permitido recuperar más de 172 millones de dólares en bienes relacionados con el crimen organizado, lavado de activos, corrupción, tráfico de recursos naturales, entre otros delitos.

El Poder Judicial considera esta figura como un pilar clave en la estrategia nacional contra el crimen organizado. Por ello, instó a las autoridades a reconsiderar la reforma y proteger un mecanismo que ha demostrado ser eficiente para desarticular redes ilícitas en todo el país.

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