Congreso aprueba reforma de extinción de dominio pese a críticas

El Congreso de la República aprobó, en segunda votación y por mayoría, la reforma a la ley de extinción de dominio. El dictamen fue respaldado con 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, pese a la oposición expresada por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo.

Esta medida se basa en el Proyecto de Ley 3577/2022-CR y fue aprobada inicialmente el 13 de diciembre del 2024. Con esta reforma, se introducen cambios sustanciales al Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio en el país.

Modificaciones clave en la ley de extinción de dominio

El texto aprobado modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 1373, así como el título preliminar y una disposición final. Además, se incorpora un nuevo artículo 40-A. Estos cambios buscan ampliar los casos en los que se puede aplicar la extinción de dominio sin necesidad de sentencia firme, sobre todo en delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, minería ilegal, entre otros.

Una de las cláusulas más controversiales es la del artículo II, literal 2.3, que permite al juez rechazar cualquier solicitud de suspensión del proceso cuando se trate de determinados delitos graves. Este punto ha generado preocupación en distintos sectores por su impacto en el derecho a la defensa.

Posición de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, defendió la reforma argumentando que se busca perfeccionar la capacidad del Estado para responder al enriquecimiento ilícito derivado del crimen organizado.

El congresista destacó que la extinción de dominio debe servir para fortalecer a las entidades que luchan contra estas organizaciones, permitiéndoles acceder a los bienes incautados y destinarlos a su labor institucional.

Oposición y debate parlamentario

Durante el debate, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, propuso que el dictamen sea devuelto a la Comisión de Justicia por tratarse de un tema “delicado” que ameritaba mayor prudencia. Sin embargo, su moción fue rechazada.

Salhuana advirtió que si bien se han cometido abusos bajo el marco actual de la ley, el nuevo texto podría inclinarse al extremo opuesto, debilitando las garantías procesales.