Fiscales Supremos rechaza ley que afecta extinción de dominio

La Junta de Fiscales Supremos expresó su "rotundo rechazo" a la reciente promulgación de la Ley 32326 por parte del Poder Ejecutivo. Esta norma modifica la ley de extinción de dominio y, según el Ministerio Público, representa un grave retroceso en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos y los delitos medioambientales.

Mediante un pronunciamiento oficial, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció que la norma fue aprobada sin considerar los aportes técnicos del Ministerio Público ni de otras entidades especializadas. Esta falta de diálogo previo, aseguró, compromete los avances que el país había logrado en cooperación con la comunidad internacional.

Principales críticas de la Fiscalía a la Ley 32326

Uno de los puntos más cuestionados es que, con la nueva ley, el Estado solo podrá iniciar el proceso de extinción de dominio tras obtener una sentencia firme, lo que implica esperar largos procesos judiciales. Esto, alertó Espinoza, permitirá que personas procesadas por delitos graves conserven sus bienes durante años.

Además, la ley establece un plazo de prescripción de cinco años para esta acción legal, cuando antes era indefinido. Según la Fiscalía, esta modificación permitirá que 2.374 de los 5.753 casos activos de extinción de dominio se vean directamente afectados, beneficiando a delincuentes y testaferros que podrán conservar activos obtenidos ilícitamente.

Espinoza advirtió también que esta medida podría obligar al Estado a devolver propiedades, desbloquear cuentas embargadas y liberar activos vinculados a delitos como corrupción, crimen organizado y lavado de dinero.

Preocupación por compromisos internacionales y llamado al Congreso

La fiscal de la Nación enfatizó que esta decisión incumple compromisos asumidos por el Perú en convenciones internacionales como las de Palermo y Mérida, así como los lineamientos de Naciones Unidas sobre recuperación de activos. Esta situación, sostuvo, afecta la reputación internacional del país.

El pronunciamiento concluye con una invocación al Congreso y al Ejecutivo para rectificar esta norma, tomando como ejemplo el caso de la ley que eliminaba la detención preliminar, que fue finalmente restituida. Espinoza expresó su esperanza en que el retroceso pueda ser corregido a la brevedad.