Poder Judicial admite a trámite apelación de Víctor Zanabria
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación del general Víctor Zanabria Ángulo, comandante general suspendido de la Policía Nacional del Perú, en el proceso conocido como “policías albañiles”. La medida judicial fue aceptada sin efecto suspensivo, por lo que la suspensión preventiva de 18 meses impuesta al alto oficial continúa vigente mientras la apelación es revisada por una instancia superior.
La decisión judicial sobre la apelación
La resolución judicial precisa que la apelación presentada por la defensa de Zanabria fue admitida, pero sin detener los efectos de la medida dictada en septiembre. Esto significa que el oficial seguirá apartado de su cargo de comandante general mientras se evalúa la validez de la sanción en segunda instancia.
El fallo inicial, emitido el 12 de septiembre, dispuso que Zanabria debía dejar el cargo por un plazo de 18 meses, al considerar que existían riesgos de obstaculización en la investigación fiscal por peculado y colusión.
El caso conocido como “policías albañiles”
La investigación contra Zanabria se centra en hechos ocurridos durante su gestión en la IX Macro Región Policial de Arequipa, en 2020.
Según la Fiscalía, el oficial habría ordenado que suboficiales realizaran trabajos de albañilería, electricidad y remodelación en espacios privados y dentro de instalaciones policiales, en lugar de cumplir sus funciones de patrullaje.
El caso recibió el nombre de “policías albañiles” debido a que los efectivos involucrados declararon haber realizado labores de construcción en horarios laborales, encubiertos como patrullajes a pie.
Testimonios y pruebas presentadas por la Fiscalía
Varios policías declararon ante el Ministerio Público que fueron instruidos directamente por Zanabria para cumplir funciones ajenas a la seguridad ciudadana.
La mayor Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, señaló que recibió la orden de reclutar personal con habilidades técnicas en construcción, quienes oficialmente aparecían como patrulleros, pero en realidad realizaban tareas de albañilería.
Otro testimonio clave fue el de Claver Colquehuanca, maestro de obra, quien declaró que recibió un pago superior al acordado inicialmente y que el excedente debía entregarlo personalmente a Zanabria.
Además, la Fiscalía presentó transferencias bancarias que vincularían a operadores logísticos con los pagos realizados durante las remodelaciones.
Fundamentos legales de la suspensión
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró fundada la solicitud del Ministerio Público, que había pedido la suspensión preventiva en aplicación del artículo 297 del Código Procesal Penal.
Esta norma permite la suspensión de derechos cuando existen elementos graves de convicción sobre delitos que conllevan inhabilitación o cuando hay riesgo de obstaculización de la investigación.
La medida se impuso por 18 meses y fue considerada necesaria para garantizar que el alto oficial no pudiera influir en testigos ni manipular documentación relevante en el proceso.
Reacciones y defensa de Zanabria
Zanabria ha negado todas las acusaciones y afirma que jamás ordenó labores fuera del marco legal. Según su versión, cualquier acción realizada durante su gestión estuvo enmarcada en fines institucionales.
El general también cuestionó la medida de suspensión, señalando que se le impone sin pruebas concluyentes y a pocos meses de que pasara al retiro en enero. La apelación presentada busca revertir esta decisión, aunque por ahora no modifica su condición de suspendido.
Impacto en la Policía Nacional del Perú
La suspensión de Zanabria ocurre en un momento de cambios en la cúpula policial y abre la puerta a un relevo forzado en el comando de la institución. Aunque no implica una destitución definitiva, la medida ha sido interpretada como un golpe a la estabilidad de la conducción de la Policía.
En paralelo, otros oficiales también están bajo investigación por presunta participación en los hechos, incluidos coroneles y operadores logísticos de la región policial. El caso, por tanto, no solo compromete al comandante general, sino también a mandos medios y altos de la PNP.
Lo que viene en el proceso
La apelación ahora deberá ser revisada por una sala superior, que evaluará si corresponde mantener o revocar la suspensión. Mientras tanto, la sanción de 18 meses se mantiene vigente y Zanabria continuará apartado de sus funciones.
El proceso judicial y fiscal seguirá en curso con la revisión de testimonios, documentos y transferencias que forman parte del expediente. La expectativa está puesta en la próxima audiencia, que será clave para definir si el general podrá regresar a su cargo o si la medida se mantendrá hasta enero de 2027.
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por el general Víctor Zanabria, suspendido 18 meses como comandante general de la Policía Nacional en el caso “policías albañiles”. La medida se mantiene vigente porque el recurso fue aceptado sin efecto suspensivo. La investigación sostiene que Zanabria ordenó a suboficiales realizar labores de construcción durante horarios de patrullaje, lo que configuraría peculado y colusión. El caso continúa en manos de la justicia, mientras la PNP enfrenta cambios en su cúpula tras la suspensión de su máximo jefe.