Presidenta Dina Boluarte desiste de su apelación en el caso Cofre
El Poder Judicial declaró procedente el desistimiento presentado por la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte respecto a la apelación interpuesta contra la continuidad de las investigaciones fiscales en el denominado caso Cofre. La mandataria es señalada por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal por supuestamente haber facilitado la fuga del prófugo Vladimir Cerrón mediante el uso del vehículo presidencial.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente, presidida por el magistrado César San Martín Castro, tras escuchar los argumentos del abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, durante la audiencia realizada el martes 8 de julio. La defensa explicó que la apelación ya no tenía razón de ser, debido a que la Fiscalía de la Nación presentó el 16 de mayo una denuncia constitucional ante el Congreso de la República por este caso.
Defensa alega pérdida de competencia del Ministerio Público
Portugal argumentó que el proceso judicial en el Poder Judicial debía concluir, dado que con la presentación de la denuncia constitucional el Ministerio Público había perdido competencia en la etapa de investigación preliminar.
“No había necesidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto porque el caso concluyó. Se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde mayo de este año”, señaló el abogado.
Además, indicó que la apelación se interpuso ante el rechazo del Poder Judicial a una solicitud inicial para impedir la ampliación de la investigación fiscal por parte del Ministerio Público. Esta ampliación, según la defensa de Boluarte, fue presentada fuera del plazo establecido.
Acusación por el presunto uso del vehículo presidencial
El caso tiene como eje el presunto uso indebido del vehículo presidencial —denominado “El Cofre”— que habría sido movilizado hasta un condominio en Asia del Sur en momentos en que se realizaban operativos para dar con el paradero de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia.
La Fiscalía sostiene que este vehículo habría sido empleado para facilitar la fuga del exgobernador regional. A la presidenta Dina Boluarte se le atribuye el presunto delito de encubrimiento personal, mientras que al entonces ministro del Interior y actual asesor presidencial, Juan José Santiváñez, se le imputa el delito de omisión de denuncia, por no informar sobre estos hechos a las autoridades competentes.
Investigación queda ahora en manos del Congreso
Con el desistimiento de la apelación por parte de Boluarte, la responsabilidad de definir el curso de la investigación recae exclusivamente sobre el Congreso de la República. La denuncia constitucional contra la presidenta y el exministro Santiváñez fue presentada el 16 de mayo por la Fiscalía de la Nación, pero hasta el momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha agendado su evaluación.
Distintos sectores del Parlamento han reaccionado ante la paralización del caso. El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) exhortó a que se continúe con las investigaciones: “No es solo el caso Cofre... son siete denuncias que existen y muchas más. Dina Boluarte no tiene una razón más para estar en Palacio de Gobierno porque vemos su incapacidad total”, declaró.
En tanto, Edwin Martínez (Acción Popular) calificó la situación como un escándalo que debe resolverse: “Yo estoy de acuerdo con lo que dice ella, pero ¿cómo cortas el escándalo? ¿Huyendo? Enfrentando el problema y con eso vamos a saber quién dice la verdad”.
Fiscalización y dudas sobre responsabilidad política
El futuro del proceso dependerá ahora del ritmo que imponga la Subcomisión del Congreso, que deberá determinar si procede o no la denuncia presentada por el Ministerio Público. Esta situación revive el debate sobre la figura del antejuicio político y la capacidad del Legislativo para actuar como órgano de control frente a posibles delitos cometidos por altos funcionarios del Estado.
La Fiscalía sostiene que existen indicios razonables para investigar a la presidenta por haber favorecido supuestamente la huida de Vladimir Cerrón. La defensa de Boluarte, en cambio, asegura que no hay pruebas suficientes que sustenten tal acusación y que el uso del vehículo presidencial respondió a funciones oficiales.
Una denuncia más en la lista de investigaciones
El caso Cofre se suma a otras investigaciones que involucran a la presidenta Dina Boluarte. Desde el Parlamento y sectores de la oposición se ha cuestionado la permanencia de la mandataria en el cargo, mientras se acumulan diversas denuncias en su contra.
Aunque la defensa de Boluarte insiste en que no existe responsabilidad penal y que el caso ya está en manos del Congreso, la opinión pública y la comunidad política mantienen la expectativa sobre el desarrollo de este proceso.
El resultado del debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría marcar un nuevo punto de inflexión en la situación política de la presidenta, a menos de un año del término de su mandato.