Procurador: Acuerdo con OAS se firmará más rápido que con Odebrecht
El procurador especial del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, aseguró que el acuerdo de colaboración eficaz que se negocia con constructora OAS se firmará en un plazo mucho más rápido que el suscrito con la empresa Odebrecht.
Precisó que no hay un plazo determinado para culminar la negociación del acuerdo, cuyo primer paso se dio el pasado jueves, con la suscripción en Brasil del acta de acogimiento a beneficios por colaboración eficaz.
“Entiendo que será más rápido que la colaboración eficaz de Odebrecht, hay más experiencia del Equipo Especial liderado por el fiscal Rafel Vela, que trabaja en forma coordinada con la Procuraduría. Somos un equipo que mostramos unidad al momento de enfrentar estos casos”, afirmó.
Sostuvo que hay una reunión programada para abril con representantes de la empresa OAS, con quienes se tiene previsto también suscribir un acta.
Refirió que exejecutivos de esta empresa darán su testimonio a la Fiscalía en abril, aunque dijo que varios de ellos ya han declarado a las autoridades fiscales en Brasil la semana pasada.
Dijo, sin embargo, que acciones como la interpelación en el Congreso al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, generan un clima que no favorece la colaboración eficaz.
Además reveló que ayer se reunión con el asesor legal de OAS para darle la tranquilidad y seguridad de que el acuerdo de colaboración eficaz al que posiblemente se llegue con esta empresa, será sometido al control de legalidad del Poder Judicial y al control político.
Indicó que su participación en la negociación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht se dio en el marco de su autonomía y de la Ley 30737, que alienta la colaboración eficaz de la empresa implicadas en actos delictivos.
“Actúe autónomamente, en ejercicio de mis funcione, no he recibido directiva de ningún ministro, trabajo desde la gestión de ministra Marisol Pérez Tello, y ninguno de los ministros me ha dado directivas, los he estado informado del monto y cálculos de la reparación civil porque dependemos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado”, apunto.
Se mostró además en descuerdo de derogar la Ley 30737, medida que promueve la congresista Yeni Vilcatoma (FP), dado que detendría la lucha contra la corrupción.
La ley dada por este Congreso, refirió, ha permitido al Ministerio Público obtener información y las pruebas para su estrategia penal que permita esclarecer actos de corrupción y cobrar la reparación civil.
“En este momento hay otras personas jurídicas que no han autorizado ser mencionadas públicamente y que habrían solicitado iniciar el proceso de colaboración eficaz, al intervenir en esto cuestiones ajenas a lo jurídico, hará reevaluar a los colaboradores la conveniencia o no de mostrarse en este proceso”, afirmó.
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ANDINA