Quiroga: Vacancia por incapacidad moral depende del Congreso
El constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que mentir no constituye delito ni causal automática de incapacidad moral permanente
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte por un presunto abandono del cargo no necesariamente derivará en una vacancia presidencial,
En diálogo con Canal N, remarcó que los conceptos de delito, infracción constitucional e incapacidad moral permanente deben diferenciarse para evitar confusiones legales y políticas.
“El abandono del cargo es una figura distinta de la vacancia por incapacidad moral. Esta última no requiere un delito, sino simplemente una decisión política del Congreso con 87 votos”, indicó Quiroga.
Respecto al caso específico de Boluarte, cuestionada por someterse a una cirugía estética sin informar al Congreso, el jurista señaló que la mandataria habría cometido una falta política y ética, pero no necesariamente una infracción constitucional o un delito tipificado.
“Mentir no es causal por sí sola de vacancia ni está contemplada como delito en el artículo 117 de la Constitución”, precisó.
"El mensaje a la Nación en el que la presidenta señala que su operación fue por motivos de salud —cuando el médico Mario Cabani ha declarado lo contrario— agrava su situación política y daña su imagen, pero no constituye base jurídica para una denuncia constitucional mientras esté en funciones", precisó.
Dicho artículo establece que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente o impedir su funcionamiento. “Todo lo demás queda en suspenso hasta que deje de ser presidenta”, reiteró Quiroga.
Sobre la firma de decretos mientras la presidenta estaba en recuperación médica, y la declaración de su asistenta indicando que esos documentos no fueron rubricados por ella, Quiroga señaló que ello puede agravar el escenario político, especialmente porque compromete a los ministros que refrendan las normas.
“La Constitución dice que el presidente no tiene responsabilidad política; esta recae en los ministros. Si se firmaron decretos sin su conocimiento, ¿quién los refrendó? Eso debe investigarse”, advirtió.
Asimismo, Quiroga explicó que el Ejecutivo ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) una interpretación del artículo 117, lo que considera un camino paralelo a lo que ocurre en el Congreso.
“Esa acción no impide que el Congreso la pueda vacar. El Congreso tiene la última palabra si junta los votos. El TC solo aclarará hasta dónde llega la inmunidad presidencial”, añadió.
Finalmente, el abogado concluyó que la presidenta se encuentra políticamente debilitada, en parte por las contradicciones en sus versiones y por la percepción de una asesoría deficiente.
“El problema es político. Si el Congreso decide sostenerla hasta 2026 o vacarla ahora, dependerá del cálculo y la voluntad de los parlamentarios”, concluyó.