Rodolfo Orellana: red criminal habría movido más de S/. 490 millones
490 millones 497 mil de soles. Esa es la astronómica cifra en que se ha calculado el movimiento económico que generó el accionar ilícito de Rodolfo Orellana y su red. Así lo concluye el informe final de la comisión congresal que investigó las actividades de Orellana, al que Canal N accedió en exclusiva.
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De acuerdo a este informe, Orellana tuvo en la mira 212 inmuebles, de los cuales se apropió de 166, y otros 46 estuvieron a punto de caer en sus manos. Además se indica que el afán de Orellana de crear cooperativas que luego emitían cartas fianzas sin respaldo financiero, le generó un movimiento económico por más de 295 millones de soles.
Sobre este punto el grupo congresal identificó a César Velásquez Quesquén, hermano del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, como uno de los “brokers” que facilitaban la captación de clientes para la emisión de las cartas fianzas.
Para la comisión, César Velásquez Quesquén habría cometido delito contra el Patrimonio, en la modalidad de estafa, y asociación ilícita para delinquir, por lo que pide a la Fiscalía emitir un pronunciamiento al respecto.
También se pide que el Ministerio Público se pronuncie sobre 15 ex presidentes regionales, once ex alcaldes provinciales y otros once ex alcaldes distritales, que aceptaron cartas fianzas de la red Orellana. Para los legisladores todos ellos habrían cometido el delito de “omisión y rehusamiento de actos funcionales”.
Se estableció además que Rodolfo Orellana recurrió a los sobornos a diversos funcionarios públicos para solucionar los problemas legales de sus clientes y de terceros, lo que le generó un movimiento económico que superó los ocho millones y medio de soles.
La red Orellana también habría apoyado a la empresa Sistema de Distribución Mundial, vinculada al condenado por narcotráfico Fernando Zevallos, para evitar que sus bienes sean incautados por el Estado.
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En el informe se acusa a Rodolfo Orellana de haber cometido estafa, falsificación de documentos, falsedad genérica, y otros delitos. Se detalla además una larga lista de abogados, notarios, árbitros, jueces, fiscales, registradores públicos, y trabajadores parlamentarios y municipales, que habrían colaborado con su red.