Ruth Luque: Ley que fiscaliza las ONG es propia de una dictadura

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, calificó como “una ley abiertamente antidemocrática y propia de una dictadura” a la norma promulgada por el Ejecutivo que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) e impone nuevas obligaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

En diálogo con Canal N, la norma no solo exige el registro de planes, proyectos y gastos, sino que establece que las ONG deben solicitar autorización de la APCI para operar, facultando además a esta entidad a sancionar e intervenir si considera que los proyectos vulneran “los intereses del Estado”.

Para Luque, este concepto es amplio y discrecional, lo que abre la puerta a persecución política y silenciamiento de voces críticas. 

Pacto autoritario con el Congreso

Luque denunció que esta ley forma parte de un pacto autoritario entre el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte, al que acusó de buscar impunidad y control político del sistema de justicia.

Mencionó como ejemplos el archivamiento del caso Rolex, las modificaciones a leyes procesales penales y la posibilidad de intervenir la Fiscalía. En esa línea, aseguró que Boluarte se ha ganado la impunidad absoluta. 

Alertó que esta ley afectará especialmente a ONG de derechos humanos y medioambientales, que defienden a comunidades indígenas, campesinas y víctimas de violencia estatal donde mujeres fueron violadas y torturadas durante el conflicto armado. Según Luque, estas poblaciones no tienen otra vía de defensa legal que la que les brindan estas organizaciones. 

También criticó el argumento oficial sobre “transparencia”, recordando que las ONG ya eran fiscalizadas por la APCI, SUNAT y la SBS. Lo que hace esta nueva ley —dijo— es imponer nuevas restricciones inconstitucionales y prohibir incluso asesoría legal o administrativa en derechos humanos. 

Finalmente, reafirmó que existen antecedentes internacionales de medidas similares en contextos autoritarios, como Venezuela o Colombia. Y adelantó que apoyará acciones legales a nivel nacional e internacional, incluso acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Sobre las cirugías estéticas de Boluarte, Luque insistió en que existe una infracción constitucional por abandono de cargo, pero lamentó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dominada por aliados del Gobierno, haya blindado el caso, como ocurrió con el caso Rolex.