Tribunal Constitucional deja sin efecto acusación e investigación contra Keiko Fujimori y su partido
La sentencia del TC deja sin efecto las imputaciones por lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la abogada Giuliana Loza, anulando completamente la investigación y acusación contra Keiko Fujimori y otros catorce implicados en el denominado caso Cócteles.
Con esta decisión, el proceso queda archivado desde su origen, incluyendo la acusación fiscal y los actos procesales posteriores.
La sentencia del TC invalida la Resolución N.º 35 emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y deja sin efecto las imputaciones por lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica.
Votaron solo cinco de los siete magistrados. Como se recuerda en la última audiencia realizada el 1 de setiembre se evaluó la demanda con la que Keiko Fujimori buscaba que el TC, ordene el archivo definitivo de su proceso por lavado de activos en torno a los presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales.
Resolución deja sin efecto juicio oral en curso
Hasta antes del fallo del Tribunal Constitucional, el caso se encontraba en etapa intermedia, tras la anulación del juicio oral que había iniciado este año.
La defensa de Keiko Fujimori sostuvo que los hechos imputados no configuraban delito alguno, y que los aportes a su campaña eran legales. Argumentaron que en el momento de los hechos no existía el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, sino solo una falta administrativa.
Tribunal cuestiona enfoque penal contra partidos políticos
En sus fundamentos, el Tribunal Constitucional advierte que atribuir patrones delictivos a partidos políticos desnaturaliza el modelo democrático. “Adscribir a un partido político un patrón delictivo es desnaturalizar la esencia de la democracia”, señala el fallo.
También considera que este tipo de acusaciones judicializan la política con el objetivo de eliminar adversarios mediante el uso del derecho penal.
El documento sostiene que los partidos no ejercen funciones públicas, pero cumplen una función clave en la representación política. En ese sentido, califica como un “exceso de los órganos persecutores del delito” haber planteado la acusación bajo una lógica de organización criminal.
Fiscalía solicitaba 35 años de prisión
En julio de 2025, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, presentó una nueva acusación contra Keiko Fujimori y otros 14 investigados. La acusación incluía los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, solicitando una pena de 35 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular.
El caso Cócteles se basaba en la hipótesis fiscal de que la campaña de Fujimori fue financiada con dinero de origen ilícito, disfrazado mediante eventos sociales como cócteles y donaciones falsas.
Desde el inicio del proceso, la abogada Giuliana Loza, defensora de Keiko Fujimori, ha sostenido que los fondos cuestionados eran donaciones privadas lícitas. Añadió que no existía marco penal en ese momento para tipificar los aportes como lavado de activos. La decisión del Tribunal Constitucional acoge finalmente esta postura.
Implicancia en otros casos
Con esta decisión, se declara la nulidad de todo lo visto sin necesidad de ir a juicio. Tal como lo advirtió el Ministerio Público, esta decisión impactará en los casos de otros partidos y políticos como Ollanta Humala, Susana Villarán o Vladimir Cerrón.