TC tomará decisión sobre ley penal para adolescentes
El Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia para evaluar si la Ley N.° 32330, que permite procesar penalmente como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, debe ser declarada inconstitucional.
El proceso fue iniciado por el Poder Judicial, y se sumaron la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Ayacucho y el Ministerio Público. El tribunal dará a conocer su decisión dentro del plazo legal correspondiente.
Durante la audiencia, se debatió si la norma vulnera principios constitucionales y tratados internacionales. Previamente, la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal señaló que la ley atenta contra el principio de protección especial a menores de edad, según lo establecido en el artículo 4° de la Constitución y diversos instrumentos internacionales suscritos por el Perú.
Críticas de la Defensoría sobre el impacto en adolescentes
A su turno, este martes 25 de noviembre, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, indicó que aplicar sanciones severas a adolescentes no disminuye la delincuencia, sino que la agrava. Argumentó que la decisión del Estado debería enfocarse en reintegrar a los menores y evitar respuestas desproporcionadas que los expongan a entornos criminógenos.
“El sistema penal juvenil de Don Perú se sustenta... en la protección integral del niño (...) no es castigar por castigar, sino corregir, reencauzar”, expresó ante los miembros del TC. Añadió que la exposición a cárceles comunes no reduce la criminalidad juvenil.
Muñante defiende sanción penal para adolescentes
En contraposición, el congresista Alejandro Muñante respaldó la Ley N.° 32330. Señaló que países como México, Colombia y Argentina ya establecen edades mínimas para el procesamiento penal de menores. Cuestionó las deficiencias del sistema de rehabilitación juvenil y criticó a las instituciones que presentaron la demanda.
“¿Debemos seguir cargándole a la ciudadanía la responsabilidad de una carente política preventiva o de un deficiente sistema penitenciario?”, preguntó durante su intervención. También mencionó recientes fugas de internos mayores de edad en centros juveniles como evidencia de las fallas actuales.
Argumentos del Poder Judicial ante el TC
El Poder Judicial sostiene que la norma cuestionada desconoce el tratamiento jurídico diferenciado que corresponde a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Según la demanda, la Ley N.° 32330 vulnera principios como el interés superior del niño y la progresividad de derechos fundamentales.
Además, se alega que la ley desconoce la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que otorga primacía a los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional.
Estado actual del sistema penal juvenil
Álvarez Olazábal informó que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, promulgado en 2017, no ha sido implementado plenamente por falta de presupuesto. Según cifras del Pronacej, existen 3,520 adolescentes infractores: 1,914 en régimen cerrado y 1,606 en libertad con medidas socioeducativas.
Cifras del INPE señalan que al menos 71 adolescentes de 16 y 17 años están encarcelados con adultos, aunque otras fuentes indican que serían más de 100. Esta situación refuerza los cuestionamientos sobre los efectos de la ley en los derechos de los menores.
Participación de la academia y la sociedad civil
El TC aceptó como amicus curiae al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Esta entidad también respaldó la demanda contra la ley, considerando que contradice estándares internacionales en justicia juvenil. La participación de este tipo de organizaciones refuerza la revisión técnica y jurídica del caso.
Programas de la Defensoría para jóvenes afectados
La Defensoría del Pueblo destacó que trabaja en el programa “Rompiendo Cadenas”, orientado a hijos de personas privadas de libertad. Según indicó, estas acciones buscan evitar la reproducción de ciclos de exclusión, y son un enfoque alternativo a medidas punitivas.
Además, se están conformando Consejos Regionales con participación de autoridades locales para coordinar acciones que reduzcan la exposición de menores a entornos delictivos.
Próxima decisión del TC sobre la constitucionalidad de la ley
El TC evaluará los argumentos presentados y emitirá una decisión sobre la constitucionalidad de la ley en los plazos establecidos. Mientras tanto, continúa el debate entre enfoques centrados en la protección de derechos versus la necesidad de sanción ante delitos graves cometidos por adolescentes.
El TC celebró una audiencia pública sobre la constitucionalidad de la Ley 32330, que permite procesar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años. El defensor del pueblo advirtió que la medida agrava la criminalidad juvenil, mientras que el congresista Alejandro Muñante defendió su aplicación. El Poder Judicial y otras instituciones alegan que la norma vulnera derechos fundamentales y tratados internacionales. Se presentaron estadísticas sobre adolescentes en centros penitenciarios comunes y se discutió la falta de implementación del Código de Responsabilidad Penal Juvenil. El TC emitirá su decisión conforme al plazo legal establecido.