UNICEF y ONU critican ley que criminaliza a menores en Perú
Tres agencias de la ONU, entre ellas UNICEF, exhortan al Estado peruano a derogar la ley que permite sancionar penalmente a menores desde los 16 años
Tres agencias de las Naciones Unidas, incluida UNICEF, han expresado su rechazo a la ley promulgada recientemente por el Congreso de la República que permite imputar penalmente a adolescentes de entre 16 y 17 años.
En un comunicado conjunto, advierten que la norma no reducirá la criminalidad en el país y podría agravar el problema. Según las estadísticas oficiales citadas por los organismos, el 98% de los delitos en el país son cometidos por adultos.
Por ello, señalan que centrar el castigo en los adolescentes no solo es ineficaz, sino que los expone a mayores riesgos al ser internados junto a adultos, lo que puede fomentar la reincidencia y afectar su desarrollo.
Piden respeto a estándares internacionales de justicia juvenil
Las agencias recordaron que el Perú ha suscrito tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan al Estado a implementar un sistema penal juvenil diferenciado.
Este debe contemplar leyes, instituciones y procedimientos especiales para adolescentes, orientados a su rehabilitación. Subrayan que la seguridad pública es un objetivo legítimo, pero debe alcanzarse respetando los derechos humanos.
“Los adolescentes deben ser tratados conforme a su proceso de desarrollo físico y psicosocial”, indica el documento. Además, si son privados de su libertad, deben estar separados de adultos sin excepción.
Exigen recursos y fortalecimiento del sistema penal juvenil
Las agencias firmantes también hacen un llamado al gobierno peruano a dotar de mayores recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal juvenil.
Insisten en que se debe fortalecer la prevención del delito, la justicia especializada y los programas de reinserción social como forma efectiva de combatir la inseguridad ciudadana.
En ese sentido, exhortan a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley promulgada y reiteran su disposición para brindar apoyo técnico en la búsqueda de soluciones conjuntas con enfoque de derechos humanos.