Vela afirma que suspensión con Brasil no afecta el caso Lava Jato

El Ministerio Público de Brasil ha decidido suspender por 90 días la cooperación judicial con Perú en el marco del caso Lava Jato.

Según confirmó el fiscal Rafael Vela a Canal N, la medida no es definitiva y tiene como objetivo profundizar en algunos aspectos solicitados por el sistema de justicia brasileño. La notificación llegó al Ministerio Público a las 12:15 p. m. del día anterior.

Esta suspensión ha sido interpretada por algunos abogados defensores como una oportunidad para intentar revocar decisiones judiciales, entre ellas la condena al expresidente Ollanta Humala.

Sin embargo, Vela sostuvo que no se trata de una ruptura del acuerdo ni de una decisión sorpresiva. “Es parte de un distanciamiento que ya advertimos desde que Lula da Silva asumió la presidencia”, explicó.

No afecta pruebas ni sentencias

El fiscal Vela rechazó que esta suspensión afecte a las pruebas ni a las sentencias ya emitidas en el Perú. “Ninguna prueba se ha caído, ninguna ha sido afectada”, sostuvo, en clara alusión a los cuestionamientos de algunos sectores.

La defensa legal del expresidente Humala ya anunció que utilizará esta situación en sus apelaciones, algo que para el fiscal se traduce en maniobras mediáticas y procesales. 

Vela también hizo referencia al caso de Alejandro Toledo, extraditado desde EE.UU., como ejemplo de que el trabajo del Ministerio Público se sostiene en evidencia sólida obtenida por cooperación con otros países. “Tenemos respaldo de la justicia estadounidense y suiza”, remarcó. 

Ante la acusación de que se habrían usado pruebas ilícitas obtenidas en Brasil, el fiscal Vela fue categórico al afirmar que todo el material fue recibido conforme a las leyes peruanas.

Indicó que la discusión sobre la legalidad de esas pruebas debe darse en el Perú, y no a través de decisiones judiciales extranjeras. “Los jueces peruanos han resuelto de forma uniforme que la evidencia es válida”, afirmó. 

Para Vela, los intentos de deslegitimar los procesos judiciales en Perú desde Brasil carecen de fundamento legal y responden a intereses particulares. “Quieren conseguir en Brasil lo que no han logrado en el Perú”, concluyó.