Richard Acuña buscará hacer respetar el contrato de Paolo Guerrero con UCV

Paolo Guerrero anunció en América Noticias que no jugará en la Universidad César Vallejo. Su decisión se basa en las amenazas que recibió su madre, doña Peta, tras oficializarse su fichaje por la institución trujillana. Horas más tarde, Richard Acuña se pronunció respecto al deseo del capitán de la selección peruana de desvincularse del club que preside, dejando claro su postura. 

En diálogo con Canal N, el mandamás de la UCV afirmó que buscará hacer respetar el vínculo firmado por el futbolista de 40 años y, en caso llegue una solicitud formal para rescindir contrato, el club analizará la situación, "sobreguardando los intereses de la institución, a la cual tengo la dicha de representar".

"Ningún jugador será obligado a ser parte de César Vallejo", señaló Richard Acuña, quien también se refirió a las medidas de seguridad que se han tomado para preservar la integridad del goledor histórico de la Bicolor.

El presidente del club trujillano detalló que, gracias a los auspiciadores que permitieron el fichaje de Guerrero, se decidió custodiar al delantero con seguridad privada: vigilancia en su casa y durante su traslado dentro de la Ciudad de la Eterna Primavera. 

"Es parte de la tranquilidad que se le quería dar a Paolo. Desde el día 1 tratamos de darle la seguridad necesaria para que sienta que Trujillo, a pesar del gran problema de inseguridad que existe en el país, es una ciudad linda para vivir", indicó Acuña.

Trujillo en estado de emergencia

El Gobierno decretó el lunes 12 de febrero el estado de emergencia en dos provincias de la región La Libertad: Trujillo y Pataz, autorizando a las fuerzas armadas y a la policía a intervenir en dichas localidades.

"Al Estado peruano no le va a temblar la mano para enfrentarlos y neutralizarlos", manifestó el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Chávez.

El Gobierno justificó la decisión alegando que hay una "creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y la minería ilegal", de acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.