Argentina: Protestas por reforma Constitucional en Jujuy
Las comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales indicaron que la nueva Constitución no ha sido consultada con la ciudadanía, que criminaliza el derecho a la protesta e ignora la voz de los pueblos indígenas
En la provincia de Jujuy, Argentina, se aprobó la reforma Constitucional que generó una serie de protestas que finalizaron con incidentes, desalojos y detenidos.
Las comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales rechazan la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.
Los organismos de derechos humanos han denunciado que la nueva Constitución no ha sido consultada con la ciudadanía, que criminaliza el derecho a la protesta e ignora la voz de los pueblos indígenas de la región frente al uso de las tierras que habitan en una zona del país que es centro de la explotación minera y del litio.
La nueva Constitución de Jujuy se aprobó en apenas un mes. Los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos el pasado 7 de mayo en las mismas elecciones en las que el oficialismo retuvo el poder en la provincia.
Cabe mencionar que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy desde 2015 por la alianza de centroderecha liderada en todo el país por el expresidente Mauricio Macri, es impulsor de la reforma.
El gobernador es cuestionado por dos artículos de la nueva Constitución que se conocieron cuando el proyecto salió a la luz a mediados de junio.
El primero cambia el derecho a la manifestación consagrado en la constitución original de la provincia “sin permiso previo” por el derecho “a la paz social y la convivencia democrática” que prohíbe los cortes de calles, rutas y “toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”. Protestar en Jujuy a partir de este martes será solo posible siguiendo una reglamentación aún por definir.
La reforma que el Gobierno provincial promocionó como “parcial” modifica 193 de los 212 artículos de la Constitución promulgada en 1986 tras el regreso de la democracia.
El artículo 36, sobre el derecho a la propiedad privada, también ha levantado críticas en la provincia, donde unas 300 comunidades indígenas viven diseminadas por todo su altiplano, muchas veces sin contar con personería jurídica ni los registros de propiedad de las tierras que habitan desde antes de la fundación del país.
La modificación del derecho a propiedad, que incorpora “mecanismos y vías rápidas” de desalojo considerando una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, deja en desventaja a las comunidades que viven en una zona de gran explotación minera y exploración de yacimientos de litio.
Ante las críticas, ha elegido acusar al Gobierno nacional y al peronismo de “fogonear” las protestas. En una entrevista radial, criticó al secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Horacio Pietragalla, de viajar a la provincia “en un avión con ocho funcionarios para incentivar el conflicto”.
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