Bolivia: Violenta movilización contra el gobierno de Rodrigo Paz
La Policía de Bolivia dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que intentaron llegar a la sede del Ejecutivo
Un contingente de la Policía Boliviana utilizó gases lacrimógenos en el centro de La Paz para dispersar a un grupo de manifestantes afines al exmandatario Evo Morales, integrantes de la central obrera indígena y campesinos, quienes intentaron avanzar hacia el Palacio Quemado. La movilización se realiza en protesta contra las medidas del presidente Rodrigo Paz, a seis meses del inicio de su mandato, en un contexto de escasez de combustible, bloqueos de carreteras y malestar social.
El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, denunció públicamente la identificación de presuntos grupos armados dentro de las protestas. Gálvez señaló directamente a Bernabé G.P., exfuncionario del Ministerio de Defensa y actual líder del comité de conflicto de los 'Ponchos Rojos' —facción de campesinos aimaras—, por difundir videos en redes sociales donde se muestra a personas armadas arengando a una guerra civil e instando a los manifestantes a sumarse a la marcha con armamento. Asimismo, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó la movilización como un intento de desestabilización contra el Poder Ejecutivo.
Pedido de estado de excepción desde Santa Cruz
Ante el incremento de la conflictividad en la sede gubernamental, las instituciones representativas de la región de Santa Cruz solicitaron formalmente al Gobierno de Rodrigo Paz declarar el estado de excepción sectorizado en los departamentos afectados, principalmente en La Paz. Las entidades cruceñas exigieron la intervención inmediata de la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Armadas para actuar contra los promotores de estos actos.
De acuerdo con la Constitución de Bolivia vigente desde 2009, el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de decretar el estado de excepción en situaciones de conmoción interna en todo o parte del territorio nacional. Esta medida legal, que no implica la suspensión de los derechos fundamentales de la población, requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa dentro de un plazo de 72 horas posteriores a su promulgación oficial.
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