Corea del Sur: condenan a cadena perpetua a expresidente
La defensa del exmandatario anunció que evalúa apelar el fallo, mientras la Fiscalía había solicitado inicialmente la pena de muerte ante el tribunal.
La justicia de Corea del Sur condenó a Yoon Suk-yeol a cadena perpetua tras hallarlo culpable de insurrección por la declaración de ley marcial en 2024. El fallo fue emitido por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que determinó responsabilidades penales por los hechos ocurridos a finales de ese año.
El proceso judicial se inició luego de que Yoon Suk-yeol fuera destituido en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional. La decisión se produjo tras concluir que no existía justificación para la medida de emergencia aplicada durante su mandato.
Condena por insurrección tras ley marcial
El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró culpable a Yoon Suk-yeol por liderar una insurrección. Según la sentencia, la ley marcial decretada el 3 de diciembre de 2024 tuvo como objetivo bloquear el funcionamiento del Congreso.
Los jueces señalaron que el despliegue del Ejército y fuerzas antidisturbios buscó paralizar la Asamblea Nacional. La medida se extendió durante aproximadamente seis horas antes de ser revertida.
En el fallo se indicó que el estado de excepción tuvo como propósito socavar el sistema democrático. La corte consideró que el envío de soldados armados al Parlamento constituyó un acto de insurrección.
Fiscalía solicitó pena de muerte
Durante el proceso, la Fiscalía pidió la pena de muerte para Yoon Suk-yeol. Sin embargo, el tribunal optó por imponer cadena perpetua.
El fiscal especial Park Eok-su sostuvo en sus argumentos finales que las acciones del expresidente destruyeron el orden constitucional democrático liberal. También afirmó que la gravedad del delito amenazó la existencia de la comunidad.
La sentencia impuesta reemplazó la solicitud inicial del Ministerio Público. Corea del Sur no ha ejecutado a nadie en décadas.
Hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2024
La declaración de ley marcial fue anunciada por Yoon Suk-yeol en un discurso televisado a altas horas de la noche. En su mensaje, afirmó que existían “fuerzas antiestatales” dentro de los partidos de oposición.
Tras el anuncio, soldados armados llegaron al Parlamento en helicóptero. Legisladores y ciudadanos bloquearon las entradas del recinto para impedir el acceso de los militares.
La Asamblea Nacional votó de manera unánime para bloquear la medida. Seis horas después de la declaración inicial, la decisión fue revertida.
Destitución y procesos judiciales posteriores
El Tribunal Constitucional destituyó a Yoon Suk-yeol en abril de 2025. La decisión se produjo luego de evaluar la legalidad de la ley marcial.
En enero de 2025 fue detenido tras resistirse a intentos de arresto en su domicilio en Seúl. Fue el primer presidente surcoreano en ser arrestado mientras ejercía el cargo.
El mes pasado recibió una condena de cinco años de prisión por obstrucción de la justicia. También enfrenta otros cargos vinculados a su declaración de ley marcial.
Condenas a exfuncionarios y antecedentes
El exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue condenado a 30 años de prisión por desempeñar un papel importante en la insurrección. El exprimer ministro Han Duck-soo fue sentenciado a 23 años de prisión por cargos de insurrección.
El exministro del Interior Lee Sang-min recibió una condena de siete años de prisión. La esposa de Yoon Suk-yeol, Kim Keon Hee, cumple una pena de un año y ocho meses por un cargo de soborno no relacionado.
La defensa del expresidente anunció que evalúa apelar la decisión judicial. El veredicto marca la primera condena por insurrección a un líder surcoreano en 30 años.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol por insurrección tras declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024. La Fiscalía había solicitado la pena de muerte, pero la corte impuso prisión perpetua. El fallo determinó que la medida buscó bloquear el Congreso mediante el despliegue de militares. Yoon fue destituido en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional y detenido en enero de ese año. Además, recibió una condena previa de cinco años por obstrucción de la justicia. Su defensa anunció que evalúa apelar la sentencia.
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