Ecuador: Ordenan un nuevo estado de excepción en diez provincias

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dictó este martes 16 de junio de 2026 un nuevo estado de excepción debido a una "grave conmoción interna" en diez provincias y tres municipios de la nación andina. El anuncio se concreta apenas dieciséis días después de haber vencido el anterior periodo de emergencia. La medida, que entró en vigencia inmediata, se extenderá por un plazo de sesenta días en los territorios de Pichincha (cuya capital es Quito), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, sumando además a las jurisdicciones de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Facultades especiales para las fuerzas de seguridad ecuatorianas

El dispositivo legal promulgado por el Ejecutivo ecuatoriano faculta la intervención directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de resguardar la seguridad ciudadana y el orden público. Según detalla el decreto oficial, las operaciones militares y policiales buscan contrarrestar, prevenir y neutralizar las acciones delictivas que vulneren los derechos de la población. Asimismo, la norma estipula la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad del domicilio, permitiendo que las fuerzas del orden realicen allanamientos e ingresen a viviendas privadas sin orden judicial previa en caso de sospechas de actividades ilícitas.

Estrategia gubernamental frente a los índices de criminalidad

Esta decisión responde a la línea política de seguridad implementada por el mandatario desde que declaró la existencia de un "conflicto armado interno" en enero de 2024. Pese a la imposición de toques de queda nocturnos previos y la catalogación de las bandas criminales como organizaciones "terroristas", el país vecino afronta un panorama complejo. El año 2025 cerró con un récord histórico de homicidios en Ecuador, registrando un aproximado de 9.300 muertes violentas según datos del Ministerio del Interior, estadística que posicionó a la nación a la cabeza de los índices de criminalidad en Latinoamérica.