EE.UU. confisca más de US$ 700 millones a Nicolás Maduro

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Nicolás Maduro sumó un nuevo capítulo con la incautación de más de 700 millones de dólares en activos vinculados al régimen chavista. El anuncio fue hecho por la fiscal general Pam Bondi, quien detalló que las propiedades y bienes confiscados forman parte de investigaciones por narcotráfico y corrupción.

Bienes incautados en varios países

Según el Departamento de Justicia, entre los activos figuran dos aviones privados, mansiones ubicadas en Florida y República Dominicana, una granja de caballos, nueve vehículos de alta gama, joyas y dinero en efectivo.

La autoridad estadounidense sostuvo que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos ilícitos y utilizados para operaciones que incluyen el pago a terroristas colombianos con armas y efectivo, con el fin de incrementar la producción de cocaína.

Escalada de tensiones entre Washington y Caracas

Esta medida llega pocos días después de que el gobierno estadounidense duplicara la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares. El líder chavista respondió con advertencias sobre un supuesto “fin del imperio americano” si se concretaba su detención.

Washington sostiene que el objetivo es asfixiar económicamente al chavismo, acusado de narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. La administración estadounidense mantiene un paquete de sanciones y procesos judiciales que afectan directamente a las finanzas del entorno presidencial venezolano.

Contexto de la crisis venezolana

Venezuela atraviesa una prolongada crisis política, económica y humanitaria. Según organismos internacionales, millones de personas han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida. La presión internacional contra el régimen de Maduro se combina con la falta de acuerdos internos, manteniendo el estancamiento de una solución política.

Fuentes diplomáticas consultadas por el Departamento de Justicia señalaron que la incautación de bienes es parte de una estrategia de largo plazo que busca impedir que recursos ilícitos sean utilizados para sostener al gobierno venezolano y sus redes internacionales de apoyo.