Gustavo Petro ordena bombardeo contra disidencias de las FARC

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una orden de bombardeo militar contra las estructuras de las disidencias de las FARC en el departamento de Guaviare. La medida presidencial fue adoptada tras registrarse intensos enfrentamientos entre facciones rivales de dicha organización ilegal en la zona. Según informaron las autoridades locales, los ataques aéreos decretados por el Ejecutivo buscan neutralizar las operaciones de los grupos armados que operan al margen de la ley en esa región del territorio colombiano.

La decisión de iniciar una ofensiva aérea se tomó luego de que los combates directos entre las agrupaciones delictivas dejaron un saldo de 48 personas muertas. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó de manera oficial la cifra de fallecidos y precisó que entre las víctimas se encuentran al menos 11 menores de edad. Las fuerzas de seguridad del Estado se desplazaron hasta los puntos del conflicto para verificar los daños materiales y asegurar el perímetro afectado por la violencia.

Fuentes oficiales señalaron que el origen de los enfrentamientos armados responde a disputas territoriales estratégicas entre las facciones disidentes de la organización delictiva. Los grupos criminales buscan ejercer el control absoluto sobre las rutas y zonas geográficas destinadas a actividades vinculadas directamente con el narcotráfico. El departamento de Guaviare registra una presencia histórica de economías ilícitas, lo que genera constantes situaciones de peligro para los civiles que habitan en las localidades rurales aledañas.

Detalles de la intervención militar en el departamento de Guaviare

El mandatario Gustavo Petro informó mediante un pronunciamiento oficial que las fuerzas de seguridad lograron recuperar a un menor de edad durante el desarrollo de las operaciones en la zona de conflicto. El adolescente había sido reclutado de manera forzosa por las estructuras armadas de la organización delictiva para participar en las acciones hostiles. El menor de edad fue puesto a disposición de las autoridades competentes para recibir la atención integral y la protección que demanda el marco legal vigente.

Asimismo, los portavoces de las fuerzas del orden reportaron que el contingente militar incautó un total de siete fusiles de largo alcance durante el registro de los campamentos. El armamento de guerra confiscado era utilizado por los combatientes de las agrupaciones delictivas para asegurar el dominio de los territorios en disputa. Los peritos de la policía especializada iniciaron las investigaciones técnicas correspondientes para determinar la procedencia y el historial del equipo bélico capturado en la escena de los hechos.

El operativo militar desplegado en la región de Guaviare se mantiene activo con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia entre las facciones criminales rivales que operan en la selva. Las autoridades gubernamentales indicaron que las patrullas terrestres y el soporte aéreo continuarán ejecutando misiones de vigilancia en las zonas críticas señaladas por la inteligencia militar. El Gobierno colombiano ratificó su postura de combatir con firmeza a los grupos que insistan en mantener actividades ligadas al comercio ilegal de sustancias prohibidas.

Antecedentes de violencia armada e implicancias de la organización ilegal

Las estructuras criminales afectadas por la orden de bombardeo se encuentran bajo el liderazgo del extranjero Néstor Gregorio Vera, conocido bajo el alias de Iván Mordisco. Esta facción disidente de la antigua organización guerrillera se apartó de los acuerdos previos y continuó con el desarrollo de actividades delictivas en el sur del país. Las agencias de inteligencia del Estado realizan el seguimiento constante de este remanente armado debido a su alta capacidad operativa y al uso de armamento pesado.

Los registros oficiales de la región evidencian que el departamento de Guaviare padece de forma recurrente las consecuencias de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial. Fuentes gubernamentales recordaron que en enero de este mismo año se reportó un incidente similar que dejó un saldo de 26 personas muertas en la misma provincia. Las autoridades locales han expresado su preocupación debido a la persistencia de estos combates que incrementan los índices de criminalidad y afectan la tranquilidad social.

El Instituto Nacional de Medicina Legal continúa con los procesos de identificación técnica de los cadáveres recuperados tras los últimos enfrentamientos reportados entre las facciones disidentes. Los especialistas forenses trabajan en la determinación de las identidades de las víctimas y en la verificación de sus respectivas nacionalidades. El Poder Ejecutivo colombiano evalúa de manera permanente los informes de seguridad emitidos desde Guaviare para determinar si se requieren medidas excepcionales adicionales en la zona.